Introducción

La renovación de la historia política de las últimas décadas ha vigorizado nuevas preguntas, enfoques y metodologías que reflexionan sobre los vasos comunicantes entre la política y lo político, el vínculo entre representantes y representados, las formas de producción de la legitimidad política y de la representación, y las distintas concepciones en torno a la democracia (Guerra, 1993; Halperin Donghi, 2004; Rosanvallon, 2003). De este modo, temas clásicos como la historia de las elecciones se han iluminado con miradas innovadoras. En concreto, han sido restituidos los efectos y los alcances de la reforma electoral de 1912 al auscultar las permanencias y las transformaciones que alentó en el escenario político en sus diversas escalas (Devoto, 1996; Halperin Donghi, 2007; Bertoni y de Privitellio, 2009; Míguez, 2012; Roldán, 2012; de Privitellio, 2012 y 2015). Además, algunas investigaciones han centrado su mirada para desentrañar las tendencias electorales y sus resultados en tiempos de los primeros gobiernos radicales (Gallo y Sigal, 1963; Rock; 1972; Cantón y Jorrat, 1996; Devoto y Ferrari, 1994; Horowitz, 1999; Macor y Piazzesi, 2009; Valdez, 2012), y, en menor medida, han atendido al espacio mendocino (Seghesso, 1981; Bragoni y Mellado, 2012; Abraham, 2019).

En este marco, la etapa lencinista en Mendoza ha sido explorada desde múltiples perspectivas (Rodríguez, 1979; Lacoste, 1994; Richard Jorba, 2014; Luis, 2018; Iriart, 2023), y este trabajo apunta a profundizar su conocimiento en relación con el rol de las elecciones, sus representaciones y prácticas; si bien comprende el lencinismo como un elemento central, no deja a un lado su vinculación con el resto de las agrupaciones políticas ni con la escala nacional. Una mirada general a los comicios mendocinos entre 1918 y 1928 revela, a grandes rasgos, que el radicalismo lencinista triunfó por la mayoría en la casi totalidad de los actos electorales, con lo que evidenció su arraigo en toda la provincia, tanto en zonas urbanas como rurales. Este recorte temporal, en sintonía con la democratización socio-política inaugurada con la ley Sáenz Peña, obedece al predominio del radicalismo lencinista en el gobierno, ya que accedió al poder a comienzos de 1918 de la mano de su máximo líder José Néstor Lencinas, cuya labor política y social continuó su hijo Carlos Washington Lencinas entre 1922 y 1924. La última gestión lencinista, encabezada por Alejandro Orfila, culminó en octubre de 1928 por medio de una intervención federal (ley nº 11460). En este sentido, y a diferencia de lo que acontecía en otras provincias (Persello, 2003), el lencinismo no tuvo que alternarse en el poder ni con otras fracciones radicales ni con el conservadurismo local, aunque experimentó reiteradas intervenciones federales tanto en tiempos de Yrigoyen como de Alvear.

La política se comprende, en concordancia con la óptica de Paula Alonso (2012), como un esfuerzo y una actividad constante por parte de los actores políticos entramados en un nudo de negociaciones y variados instrumentos de lucha (como la prensa, la violencia, los cálculos electorales, las intervenciones), que combinaron reglas formales e informales. De este modo, sin desconocer la importancia de otros factores de poder que condicionaban la construcción de la “comunidad política” (Rosanvallon, 2003), aquí se intenta recuperar algunas aristas del trabajo político vinculadas con la importancia de las elecciones como práctica legitimadora del trabajo político y como canal privilegiado de acceso a los cargos públicos en un régimen democrático, y las características, cambios y continuidades que asumió el voto durante la etapa de la ampliación política.¹ Asimismo, se escrudiñan las visiones subyacentes acerca de cómo pensaron los partidos políticos el diseño de estrategias y prácticas por las disputas del poder y por la adecuación a un mercado electoral ampliado.

En un estudio sobre las elecciones en la primera mitad del siglo XX en la Argentina, Luciano de Privitellio (2009) invita a complejizar la mirada en torno de la práctica electoral aludiendo a la producción del voto bajo formas heterogéneas a pesar del mito igualitario sustentado en el elector individual libre de toda presión externa en el cuarto oscuro. En esta invitación a complejizar la mirada sobre la historia electoral se hace evidente la coexistencia de la convivencia y el conflicto en la arena pública mendocina. Por un lado, se cumplieron los requisitos de la democracia formal, ya que las elecciones se efectuaron con regularidad y se hizo hincapié en la práctica efectiva del voto como símbolo de la voluntad popular. Sin embargo, este panorama estuvo teñido de una diversidad de fenómenos y prácticas que presentaron una trama de relaciones más compleja. Así lo evidenciaron los límites de la democracia representativa: mediante el sistema del tercio se dejaba fuera del poder a una fuerza significativa como el socialismo; hubo denuncias y acusaciones mutuas entre los partidos; y las abstenciones, las anulaciones de ciertos resultados electorales y la injerencia de la política en la administración, que constituyó una crítica constante por parte de la oposición, y la persistencia de la violencia política. En este sentido, la legislación intentaba homogeneizar las prácticas, pero estas resultaron heterogéneas.

Las fuentes primarias privilegiadas para rescatar la voz de los actores históricos y reconstruir el clima de ideas y prácticas de la época están constituidas por documentos oficiales (boletines, informes y mensajes oficiales), diarios de sesiones de la Legislatura provincial y del Congreso Nacional, y la prensa local. En Mendoza coexistieron diarios que funcionaban como empresas comerciales (Los Andes) y aquellos proyectos que se ponían en marcha vinculados al sostenimiento de posiciones de un determinado partido o fracción. En el campo del conservadurismo los voceros fueron El Autonomista, El Censor, La Libertad. Mientras que en el mundo lencinista se privilegió el análisis de La Palabra. Por su parte, El Intransigente perteneció al ala radical escindida del lencinismo y, más tarde, La Unión funcionó como vocero del yrigoyenismo. Mientras que el portavoz del socialismo mendocino se encarnó en El Socialista. Junto con otras publicaciones, conformaron el acervo disponible para el público lector de la provincia que crecía día a día (Oviedo, 2010).

Finalmente, el trabajo se encuentra estructurado en tres partes. La primera de ellas ofrece un panorama de las reglas formales (leyes y reforma constitucional) que enmarcaron el dinamismo del tablero político provincial. El segundo apartado explora el grado de concentración y fragmentación de los partidos políticos que participaron del calendario electoral. En tercer lugar, se analizan las representaciones en torno del sufragio, el conjunto diverso de prácticas y resultados electorales, para dar lugar a algunas conclusiones provisorias que reflexionan sobre la historia política mendocina durante la década de predominio radical lencinista.

La normativa electoral. Los límites de la democracia representativa: el rol de las minorías

En primer lugar, ¿cuáles fueron las reglas formales que enmarcaron la lucha electoral y posibilitaron el acceso a los principales cargos de gobierno durante estos años? En primera instancia, la importancia y los efectos que tuvo la Ley Nacional N° 8871 de 1912 suscitaron la adaptación de las provincias a la reforma nacional, “pero sus propias reformas resultaron de un diálogo entre lo nacional y las experiencias provinciales específicas”, a lo que se sumaban los intereses de las dirigencias políticas por permanecer en el poder (Ferrari, 2012, p. 183).

En este sentido, la Ley Electoral Provincial N° 589 de abril de 1912 adoptó los cambios introducidos por la Ley Sáenz Peña y estableció el sufragio universal masculino, secreto, obligatorio y el sistema de lista incompleta. La reforma constitucional de 1916 ratificó el voto sin calificación, secreto y obligatorio, pero terminó apostando por un método que asegurara la representación de la minoría sin establecer sobre la base de qué sistema, lo que suscitó más tarde rispideces a la hora de estipular el sistema electoral (Seghesso, 1997). Las elecciones se regirían por el Registro Cívico Nacional y por una Junta Electoral. Asimismo, dispuso como novedad el establecimiento de la elección directa del gobernador y vicegobernador por simple pluralidad de sufragios. Respecto de la conformación del Poder Legislativo, dispuso un sistema bicameral conformado por la Cámara de Diputados elegida por secciones según el número de habitantes, y por la Cámara de Senadores, que también se integraría por secciones y en proporción a la población, reemplazando el criterio hasta entonces prevaleciente de un senador por departamento.

Posteriormente, la ley n° 589 fue derogada implícitamente por la Ley Electoral Provincial n° 771 de 1920, impulsada desde el Poder Ejecutivo a cargo de José Néstor Lencinas para aceitar los mecanismos institucionales de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1916. De este modo, estas decisiones deben comprenderse a la luz de un entramado de relaciones de poder y de coyunturas específicas. Los debates en torno al proyecto de modificación electoral que dio origen a la ley n° 771 a fines de 1919 y comienzos de 1920 permitieron conocer, en el marco de un radicalismo ya fracturado, las posturas que sustentaron lencinistas e intransigentes respecto del sistema de representación más adecuado para la provincia, cuestión que había quedado abierta por la ambigüedad de la carta constitucional.²

La principal controversia tuvo lugar en el Senado en enero de 1920, cuando las agrupaciones políticas sostuvieron la conveniencia de sistemas de representación diferentes. Por un lado, los lencinistas defendieron el mantenimiento del sistema del tercio y, por otro, los intransigentes patrocinaron la representación proporcional.

En efecto, el Dr. Ricardo Encina, por el sector lencinista, afirmó que el sistema más en concordancia con la ley vigente era el de la lista incompleta, porque constituía la forma de garantizar la gobernabilidad a través del partido que obtuviese la mayoría en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, mientras que, con el sistema del cociente, “vienen a las Cámaras representantes de todas las tendencias o fraccionamientos de la opinión, de manera que las Cámaras se vienen a convertir en un mosaico”.³ De esta manera, advirtió que esta opción contenía un peligro trascendental al promover la formación de mayorías adventicias que no dejaban sancionar asuntos que necesitaba el gobierno para su desenvolvimiento, lo que daría como resultado la defraudación del electorado:

Yo creo que si es verdad que el sistema de doble cuociente es el que está más cerca de las aspiraciones democráticas de que estén representadas en la Cámara todas las tendencias, es impolítico y es contrario a las exigencias de un buen gobierno.⁴

Por el contrario, el intransigente Jesús Romero sostuvo que el voto proporcional quedaba contemplado en el artículo 53 de la Constitución Provincial, ya que hablaba de las “minorías”, en plural y, en consecuencia, la redacción de la ley como proponía el oficialismo sólo otorgaba representación a “una minoría”.⁵ Para rebatir este argumento, Encina expresó que por el sistema de lista incompleta se daba representación a la minoría y que la Convención Constituyente había llegado a la conclusión de que se le concedía representación solamente a una. Además, trajo a colación el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, en la cual la proliferación de minorías obstaculizaba el accionar del gobierno, con lo que esterilizaba la obra de los gobernantes por la falta de mayoría en la Cámara. Es decir que el testimonio de Encina se posicionaba de modo análogo a las críticas que había recibido el sistema proporcional en la provincia de Buenos Aires. En síntesis, se sostenía que la proporcionalidad sobrerrepresentaría a las minorías, pero fortalecería la legitimidad y la representatividad, mientras que el sistema del tercio robustecería la gobernabilidad.

Por su parte, aunque sin voz en la Legislatura en esta etapa, el socialismo sostuvo la superioridad del sistema proporcional para los cuerpos colegiados (Legislatura y Concejos municipales) y empleó argumentos vinculados con la Constitución provincial. En este sentido, para fortalecer su posicionamiento el socialismo exponía que el ideario de los convencionales constituyentes de 1916 había sido dar representación a todas las minorías, cuestión imposibilitada por el sistema de lista incompleta. Con este bagaje de ideas, a mediados de 1922 la Federación Socialista de Mendoza elevó a la Legislatura un petitorio para modificar el sistema electoral provincial e incorporar el sistema proporcional, en el que citaba como antecedentes de su implementación a la provincia de Buenos Aires desde 1873, a Corrientes, Tucumán y Capital Federal para las elecciones municipales y a otros países del mundo que habían adoptado este sistema.⁶ Dos años más tarde, el socialismo continuaba insistiendo en la adopción de “la representación proporcional”.⁷

La nueva ley electoral provincial, que rigió desde 1920 hasta 1932 (ley n° 977), no diagramó cambios sustanciales sobre quiénes y cómo podían votar.⁸ Pero introdujo una serie de modificaciones respecto de la geografía electoral y, específicamente, acerca de la composición de las secciones electorales (se agregaba el departamento de Guaymallén a la primera sección electoral, para equiparar el peso poblacional)⁹ y respecto de la elección de los senadores provinciales de acuerdo con la población, según el Censo de 1914, como había dispuesto la Constitución de 1916 y ya no por departamento. De este modo, desaparecía la representación territorial para fijar un criterio poblacional de acuerdo con las secciones electorales. Así, aunque se eliminó la representación departamental, el sistema electoral seguía organizado en secciones que implicaban algún tipo de territorialización del sistema electoral. Asimismo, la ley n° 771 dispuso el sistema electoral comúnmente conocido como “lista incompleta”.¹⁰

Tal como advierte Ferrari (2012), hubo un claro intento de control de alguna fase del proceso electoral, por parte de los actores políticos, en los procesos provinciales de producción legislativa en materia electoral que actuaban como mecanismos de reaseguro de las élites. En el caso mendocino, los radicales lencinistas no desconocían que se veían beneficiados por el peso del número y que el sistema de minoría fija favorecía a los partidos mayoritarios.

A pesar de estas distintas posturas, prevaleció el criterio de mantener el sistema de lista incompleta en concordancia con la normativa nacional. De este modo, la Legislatura provincial, casi siempre, estuvo conformada por dos fuerzas políticas: radicales (lencinistas) y conservadores/liberales. No resultaba sorprendente, entonces, que las élites políticas que representaban al partido más popular y que se encontraba en el gobierno defendieran la estabilidad gubernamental respaldada en las mayorías partidarias, mientras que partidos como el socialista, que se localizaban por fuera del poder, sostuvieran la conveniencia del sistema proporcional que, además, se convertía en un instrumento para perfeccionar la democracia. Quedaba claro, entonces, que el sistema de lista incompleta otorgaba representación a una sola minoría y dejaba a un lado a otras fuerzas políticas de envergadura como el socialismo, que había logrado cierta extensión por el territorio y llegado a contar con hasta 36 centros en 1925 (Martínez Mazzola, 2019).

La polarización/fragmentación del sistema de partidos durante los momentos electorales

¿Cuáles fueron las instancias electorales celebradas en la provincia entre 1918 y 1928? El calendario electoral no siempre se respetaba, debido a las continuas intervenciones nacionales y la consecuente necesidad de recomposición de la Legislatura provincial, sumado a otros sucesos de índole coyuntural como anulaciones y prórrogas.¹¹ De todos modos, los comicios para renovar diputados nacionales tenían lugar a principios de marzo, y el momento para renovar las bancas provinciales fue el primer domingo de abril. Cabe recordar que los senadores nacionales eran elegidos en forma indirecta en el seno de la Legislatura provincial reunida en asamblea, cuestión que implicaba numerosos escollos entre los partidos y rispideces entre el poder provincial y el nacional.¹²

Los Cuadros 1, 2, 3 y 4 muestran la regularidad con la que se efectuaron las elecciones nacionales y provinciales en Mendoza, los partidos políticos intervinientes en cada una de ellas y los resultados obtenidos, de modo global, por cada una de las agrupaciones. Una de las cuestiones que permiten visualizar son las oscilaciones entre concentración o fragmentación del sistema de partidos. Puede sostenerse que el período 1918-1920 presentó, en alguna medida, una mayor polarización; mientras, la fase 1920-1923 exhibió la mayor fragmentación partidaria: se presentaron hasta tres listas radicales y dos conservadoras/liberales. Posteriormente, la etapa 1924-1928 implicó cierto retorno a un menor número de partidos. La mayor dispersión se produjo en las elecciones legislativas provinciales. Los fraccionamientos en el radicalismo implicaron una yuxtaposición de las tendencias nacionales como también de las problemáticas locales; y la segunda fuerza, conservadora/liberal, tampoco estuvo exenta de escisiones, pero no alcanzaron el grado de desintegración de las fuerzas radicales. En este sentido, el peso de la coyuntura y del contexto político se reveló decisivo frente al sistema electoral; es decir, el sistema del tercio no desalentó la participación de varias agrupaciones para disputarse la minoría.

Por un lado, las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) marcaron en 1918 un momento de polarización entre la UCR y el Partido Conservador, mientras que en 1921 la arena política presentó un mayor fraccionamiento con la participación de cinco agrupaciones (dos listas radicales -UCRLencinista y Partido Radical-, el Partido Liberal (PL), el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista). Tras la muerte de José Néstor Lencinas en enero de 1920, el liderazgo del radicalismo estuvo severamente disputado: las huestes acaudilladas por Carlos Washington Lencinas asumieron la etiqueta de Unión Cívica Radical Lencinista (UCRL) en 1921; por su parte, los sectores movilizados por Ezequiel Tabanera y Francisco Rubilar se reconocieron, en una primera instancia, como Partido Radical, que luego experimentó otros fraccionamientos (UCR y UCRObrerista). Estos datos también indican que las intervenciones no contribuían a disminuir las tensiones y quiebres existentes en el arco partidario radical. Por último, en 1926 se presentaron a la lucha electoral tres partidos: la UCRL, el Partido Liberal y el Partido Socialista; los yrigoyenistas se abstuvieron.

Por otro lado, las elecciones legislativas nacionales exhibieron tendencias similares. En 1918 el panorama enfrentó a radicales y conservadores. Pero para 1920 el espectro político se dispersó con la intervención de cuatro partidos: dos listas radicales (UCR, Partido Radical); el Partido Autonomista, de tendencia conservadora, y el Partido Socialista. Las elecciones legislativas nacionales de 1922 fueron anuladas y finalmente se celebraron en marzo de 1923. Mostraron la mayor fragmentación del período con la participación de seis partidos: tres listas radicales (UCRL, UCRObrerista, UCR), dos listas conservadoras (Partido Liberal, Partido Liberal Democrático) y el Partido Socialista. Para 1924, la faccionalización perdió visibilidad cuando se presentaron a los comicios tres partidos: la UCRL, el Partido Liberal y el Partido Socialista. En 1926 participaron estas tres mismas agrupaciones. Y, por último, en 1928 actuaron dos listas radicales (UCR y UCRL), el PL y el PS.

Finalmente, las elecciones legislativas provinciales expresaron una mayor fragmentación política comparadas con las instancias de renovación del Ejecutivo provincial y de las legislativas nacionales. En abril de 1918 pugnaron por ingresar a la Legislatura provincial seis agrupaciones: la UCR, el Partido Conservador, el Partido Socialista, la Unión Gremial, el Partido Industrial y sectores independientes. En agosto de 1918 volvieron a convocarse elecciones para diputados provinciales debido a los escollos experimentados en la Cámara de Diputados cuando los diputados conservadores se negaron a reconocer la legalidad de su conformación, lo que fue interpretado por la mayoría radical como una renuncia a sus bancas. En esta ocasión la competencia se circunscribió a tres partidos: la UCR, el Partido Socialista e Independientes.

Posteriormente, en junio de 1919, la intervención dispuso la renovación total de la Legislatura, para la cual compitieron cinco partidos: dos listas radicales (la UCR y el Partido Radical Intransigente), el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y sectores independientes. Las elecciones de diciembre de 1921 presentaron los mismos contendientes que para la renovación del PEP. En 1922 volvieron a participar cinco agrupaciones: en esta ocasión, tres listas radicales (UCRLencinista, UCRfusionada, UCRRubilarista), el Partido Liberal y el Partido Socialista. En 1923 el esquema casi se repitió: tres listas radicales (UCRL, UCR, UCRObrerista), el Partido Liberal y el Partido Socialista. En 1924 y 1928 la participación se redujo a tres agrupaciones: la UCRL, el Partido Liberal y el Partido Socialista.

En la mayoría de las ocasiones, la representación del cuerpo legislativo provincial quedó en manos de radicales lencinistas y conservadores/liberales. Solamente en una oportunidad el socialismo obtuvo una banca en Diputados (agosto de 1918), y durante 1919 la Legislatura se compuso únicamente de fracciones radicales. No obstante, el conservadurismo de Mendoza, a pesar de la dura derrota del 20 de enero de 1918, de sus dificultades organizativas y de su conflictividad interna, logró imponerse como la segunda fuerza política de la provincia por detrás del lencinismo y adoptó, a partir de 1921, el nombre de Partido Liberal. Ello indica una dinámica electoral que compartió rasgos con algunas provincias y que se diferenció de otras. Por ejemplo, el caso santafesino: su escenario estuvo caracterizado por la ausencia de un partido conservador fuerte y por el predominio de la competencia electoral entre distintas fracciones radicales que se alternaron en el poder entre 1912 y 1930 (Macor y Piazzesi, 2009); o el caso cordobés, que combinó gobiernos demócratas con gobiernos radicales.

En la mayor parte de las instancias electorales la participación más frecuente se concentró en tres fuerzas políticas: radicalismo, conservadurismo y socialismo. El lencinismo obtuvo la mayoría en todos los comicios, tanto nacionales como provinciales, realizados entre 1918 y 1928, con excepción de tres ocasiones.¹³ De todos modos, el lencinismo sostuvo una trayectoria sumamente exitosa en términos de competencia electoral a pesar de las disidencias al interior del radicalismo, de las críticas de conservadores y socialistas y del impacto de las intervenciones federales. Los Cuadros exhiben los resultados y el porcentaje alcanzado por las fuerzas políticas en cada una de las elecciones.

Las representaciones, las prácticas y los resultados electorales

Este bosquejo de los comicios mendocinos demuestra la regularidad y el cumplimiento con los que se efectuaron las elecciones competitivas y ampliadas, cuestión que ya ha sido remarcada por la bibliografía académica (Persello, 2000; de Privitellio, 2009). Sin embargo, ello no significa que las elecciones puedan observarse únicamente a través del binomio transparencia/fraude y pone de manifiesto la heterogeneidad en torno a su producción.

Por un lado, los discursos de los lencinistas remarcaban la inflexión que suponía la reforma electoral y el carácter regenerador e igualitario del voto, así como la sacralización de este como un derecho y una obligación: “El mecanismo del voto secreto es, sin disputa, un perfeccionamiento del procedimiento eleccionario (...) Hoy el ciudadano, en la cámara solitaria, ejerce su función cívica con incoercible espíritu y en plena posesión de su voto”.¹⁴

En ese proceso, el radicalismo se aseguraba un sitial preferencial. No bastaba con los procedimientos mecánicos o las leyes, sino que los radicales reforzaban el rol pedagógico del partido al apuntar a una mayor educación de la conciencia cívica y su leal expresión como instrumentos de la democracia, a una “revolución moral del pueblo”, a cambios en la práctica del ejercicio de los derechos cuya aplicación era “fruto de la reacción radical”.¹⁵ En el contexto del triunfo de enero de 1918, los lencinistas, que conquistaron 16 de los 17 departamentos, se presentaban como creyentes en la capacidad del pueblo para elegir a sus representantes.

Asimismo, el propio triunfo radical se exteriorizaba como prueba indiscutible de la transparencia de los comicios y, en numerosas ocasiones, los lencinistas interpretaban los resultados electorales como expresión genuina de la voluntad popular, de la que afirmaban su carácter plebiscitario. Por otro lado, las acusaciones y críticas mutuas por parte de los partidos políticos no dejaron de acompañar cada instancia electoral. En este sentido, las denuncias o quejas de las agrupaciones políticas arrojaron luz sobre prácticas consideradas como artimañas, pero que de algún modo eran toleradas y formaban parte del juego político. Así, las críticas de los grupos opositores apuntaban no tanto a la legislación electoral sino al ejercicio y a las prácticas del voto y, en ocasiones, a la incapacidad del electorado.

Por ejemplo, para las elecciones del 20 de enero de 1918 los radicales advertían cómo en la Ciudad de Mendoza señor Joaquín Velazco, al servicio del civitismo, se ocupaba, entre las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta, de “comprar libretas de enrolamiento pagando un peso por cada una para distribuirlas entre ciudadanos conminados a votar las candidaturas civitistas”; o denunciaban el robo de boletas radicales en los comicios de la Ciudad de Mendoza por votantes y fiscales.¹⁶ A su vez, los conservadores manifestaban que el automóvil de la Superintendencia de Irrigación, tripulado por el ingeniero Amuchástegui, se encontraba al servicio de los radicales.¹⁷ Algunas de estas prácticas electorales dudosas ofrecían, entonces, la oportunidad para impugnar la conducta de la oposición y en otras ocasiones servían para cuestionar la legitimidad de los comicios.

Una de las críticas más recurrentes por parte de la oposición fue la alusión a la “máquina electoral” y la intromisión de los empleados públicos en los trabajos electorales. La cuestión de las relaciones entre política y administración pública ha suscitado el interés en los estudios de agencias estatales, que han mostrado la circularidad y retroalimentación de los procesos de estatalización, burocratización y politización a escala nacional (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Plotkin y Zimmermann, 2012; Di Liscia y Soprano, 2017) y local (Rodríguez y Raffa, 2016; Luis, 2018; Mellado, 2024). Un caso concreto para esta reconstrucción lo constituye el decreto N° 199 de la intervención nacional, expedido el día 27 de mayo de 1919, que exoneraba de sus cargos a los señores Leandro Ramos, Ramón Ramos y Manuel Pavón, empleados municipales de Godoy Cruz, por participar activamente en política, y por ocupar, además, cargos en el comité departamental de la UCR, lo que les estaba prohibido.¹⁸

Asimismo, las críticas del conservadurismo se hicieron eco en la voz del senador nacional Benito Villanueva, tradicional político mendocino, que denunció la injerencia de elementos de comité en la administración pública y apoyó su discurso con un documento que demostraba la yuxtaposición del empleo público con puestos en los comités. Se refirió concretamente a la “máquina electoral del radicalismo” en la que miembros de los comités de la Ciudad de Mendoza y de los departamentos, quienes se erigían en directores y abogados de bancos, rectores y celadores del Colegio Nacional, empleados de Defensa Agrícola, formaban parte en muchas ocasiones de la lucha electoral como “empleados provinciales o nacionales”.¹⁹

Uno de los puntos de mira fue el Departamento General de Irrigación, cuyas funciones principales eran la distribución del agua y la conservación de los canales. Sus atribuciones y las modalidades de su composición se dispusieron en la reforma constitucional de 1915/1916. Sin embargo, la demora en la configuración de su ley reglamentaria contribuyó al aplazamiento de la elección de sus autoridades y a su conversión en otro eje de disputas entre lencinistas y oposición.²⁰ De este modo, el manejo del agua se erigía como un dispositivo clave a la hora de incidir en el voto. La oposición denunciaba que el radicalismo avasallaba la autonomía del Departamento de Irrigación mediante la suspensión de las elecciones de autoridades de agua de esta repartición al temer que arribasen autoridades desafectas al “credo radical” que, consecuentemente, podían resultar contrarias al propósito de montar la “máquina regeneradora”.²¹ Un tiempo más tarde, los radicales intransigentes arreciaban las críticas con respecto al uso de esta agencia estatal, que funcionaba como un “torniquete del agua”: el líquido elemento inundaba las propiedades de amigos mientras que las de los opositores permanecían secas.²²

Por otro lado, otra práctica recurrente de la época fue la abstención. Los conservadores recurrieron a ella, por ejemplo, paras las elecciones de diputados provinciales del segundo distrito electoral el 18 de agosto de 1918,²³ tras las vicisitudes entre radicales y conservadores al discutirse los diplomas de la oposición a comienzos de 1918. En otras ocasiones, los sectores radicales antilencinistas emplearon la abstención.

Posteriormente, las elecciones del 22 de junio de 1919 revistieron una vital importancia, ya que implicaban la renovación total de la Legislatura y exhibieron el quiebre del radicalismo local entre lencinistas, que lograron el 60 % de los votos, e intransigentes, que alcanzaron el 25 %. Además, asistieron a esta contienda el Partido Socialista (8 %), algunos candidatos independientes (3 %) y una porción del conservadurismo bajo el rótulo de Partido Demócrata Progresista (2,2 %).

La prensa radical aseguraba que todos los comités de la UCR estaban “llenos de ciudadanos” que concurrían para ver dónde les correspondía votar y solicitar su boleta, mientras que, los otros estaban completamente “vacíos”.²⁴ Mientras el grupo intransigente puntualizó la disponibilidad de automóviles para trasladar electores lencinistas, el ministro de Gobierno, Carlos María Puebla, señaló que días antes de las elecciones del 22 de junio los maestros habían repartido en las calles boletas del Partido Radical Intransigente, con lo que exteriorizaban sus tendencias y su credo político.²⁵ Además, los intransigentes remarcaban que quienes no se encontraban dentro del círculo lencinista carecían de garantías, de apoyo y de ecuanimidad, y que la policía, en lugar de estar al servicio de la justicia, se había transformado en una “guardia pretoriana” que vigilaba a la oposición y se dedicaba a la asistencia de una “política personalista”.²⁶ Por su parte, el Partido Autonomista aseguraba que el reemplazo del personal administrativo se realizaba no sólo en las dependencias provinciales sino también en las reparticiones nacionales como Correos y Telégrafos e Impuestos Internos, que quedaban “sometidas a la gauchocracia lencinista”.²⁷

El día 2 de abril de 1922, bajo la segunda administración de tinte lencinista, tuvieron lugar las elecciones para designar 16 electores para presidente y vicepresidente de la Nación; y la renovación de 5 diputados nacionales y de diputados provinciales por el primer y tercer distrito electoral de la provincia. Las situaciones en torno de este acto electoral expresaron varias particularidades: una convención lencinista dudosa; el apoyo de los electores lencinistas a la candidatura de Alvear y la anulación de las elecciones legislativas nacionales. La Cámara de Diputados de la Nación anuló las elecciones para diputados nacionales al haber sufragado ciudadanos que no estaban inscriptos en el padrón; esas elecciones se realizaron el 4 de marzo de 1923.²⁸

Posteriormente, las elecciones de 1924 reflejaron la participación de tres fuerzas políticas (el lencinismo, el liberalismo y el socialismo) y la no intervención de los sectores radicales antilencinistas. Mientras el lencinismo celebraba su convención en el Teatro Municipal y la catalogaba como “hermosa jornada democrática”²⁹, los liberales denunciaban el atentado contra el periodista Joaquín Méndez Calzada.³⁰ Además, los liberales acusaban al lencinismo de “asaltar varios comités de su partido”, denunciando la violencia y el “matonaje” de los elementos policiales y la “compra de los presidentes de los comicios”.³¹ Por su lado, el socialismo criticó los “desmanes policiales” y las trabas a los mitines socialistas en Guaymallén por parte del lencinismo, y adujo que éste le temía al PS porque “se le sabe el único capaz de derrotar al oficialismo inepto y rapaz”; y denunció que en San Martín las autoridades de irrigación amenazaban con el corte de agua a los propietarios con “capataces o peones socialistas”.³² En esta oportunidad, en la instancia nacional, el lencinismo volvía a cosechar el triunfo comicial en 16 de los 17 departamentos de la provincia.

Asimismo, el debate respecto de la inminente intervención a Mendoza durante ese año fue nuevamente la oportunidad, para los sectores de la oposición, para sostener la inexistencia de la libertad del sufragio y de demostrar el funcionamiento de una aceitada maquinaria electoral por parte del lencinismo. Desde la bancada yrigoyenista, el diputado Valentín Vergara sostuvo que “el oficialismo, adueñado de todos los resortes, presiona desde arriba sobre las masas populares, sobre la industria y el comercio castigando a los rebeldes y premiando a los sometidos”, a través de “la máquina montada” desplegada sobre la policía, las reparticiones públicas y las municipalidades.³³ En contraposición, el diputado lencinista José Núñez destacó que “no necesitamos valernos de ningún otro recurso que el de los comicios libres para ganar elecciones”.³⁴

El panorama de la oposición fue reforzado por Frank Romero Day, diputado nacional por Mendoza, quien acentuó la extorsión por parte del gobierno para impedir las protestas de las víctimas a través del “torniquete del riego”, que se manifestaba en el cierre de compuertas y en la intervención de los canales; mediante la Dirección de Industrias, que “negaba boletas para exportar vinos” y aplicaba multas, y ponía “trabas” a los industriales; y a través de la policía, que fustigaba a los opositores y amparaba al amigo.³⁵ En este sentido, la Dirección de Industrias se conformó en otro foco de las críticas. Mientras que para la oposición era utilizada con fines políticos al imponer multas a los adversarios, los lencinistas reafirmaban que éstas no eran sino producto de la fiscalización del vino. Un ejemplo concreto que demostraba esta doble interpretación fue el proceso contra el mismo Frank Romero Day por la presunta introducción de ácido sulfúrico en su establecimiento “El Paraíso”.³⁶

A fines de 1925, durante la intervención de Enrique Mosa, se aprestaron las organizaciones para elegir candidatos al PEP y legisladores provinciales. Los liberales sostuvieron la fórmula Mario Arenas-Armando Guevara Civit; los lencinistas se decantaron por el binomio Alejandro Orfila-Carlos Sáa Zarandón, no sin una serie de contratiempos previos; y los socialistas, por Ramón Morey-Santiago Castroman. Por su parte, los yrigoyenistas se abstuvieron. Las elecciones se realizaron el 3 de enero de 1926 y evidenciaron un aumento de la participación pues hubo más de 39.000 sufragantes. La UCRL se adelantaba con más de 20.000 votos (el 52 %), mientras que el Partido Liberal superaba los 14.000 votos (el 36,5 %), y, por último, el Partido Socialista conseguía 4381 sufragios (el 11 %). El lencinismo lograba por tercera vez consecutiva la gobernación de Mendoza, pero en esta oportunidad la fórmula no había estado encabezada por un Lencinas. Una vez más, el lencinismo interpretaba estos resultados como una ratificación del apoyo popular a su partido y a sus gestiones de gobierno.

Sin embargo, los aires de optimismo democrático de 1918 ya habían mutado hacia fines de los años veinte en un ambiente en el cual recrudecía la violencia política y afloraban cuestionamientos más serios a los mecanismos representativos y republicanos (Halperin Donghi, 2007). Bajo estas coordenadas, los liberales asaltaron el comité lencinista de Chacras de Coria en la esquina de las calles Mitre y Viamonte.³⁷ Unos días más tarde, los socialistas mendocinos alzaron sus voces contra “las hordas lencinistas” tras la muerte de Roberto Pichetto, secretario general de la juventud socialista, durante un mitín socialista en la plaza de Godoy Cruz.³⁸ Así, estos acontecimientos muestran cómo la violencia política constituía una herramienta utilizada por la mayoría de los partidos políticos.

A pesar del regular funcionamiento del sistema electoral, la oportunidad para renovar diputados provinciales por el primer distrito electoral, el 3 de abril de 1927, constituyó un caso peculiar y un “desastre político” (Rodríguez, 1979, p. 280) para el lencinismo cuando un grupo de personas invadió y asaltó la Legislatura, y violó varias urnas. Las elecciones fueron anuladas por la Junta Electoral. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, el gobernador Alejandro Orfila afirmó que se trataba de un “deplorable suceso” que condenaba con energía, pero que la Junta Electoral había resuelto, con lo que demostraba que la provincia contaba con los resortes legales necesarios para enfrentar sus problemas políticos; y desechó la actitud de los partidos opositores que, minimizando la autonomía provincial, solicitaron “la intervención nacional”.³⁹ Mientras tanto, sobre este suceso el diputado liberal Gilberto Suárez Lago expresó que la justicia del crimen de Mendoza servía “para absolver a los grandes delincuentes públicos, pero no para encontrar a los culpables”.⁴⁰

Finalmente, las últimas elecciones efectuadas durante la tercera administración lencinista se desplegaron el 1° de abril de 1928, y en la instancia nacional el lencinismo sólo alcanzó la minoría. Una vez más, los partidos opositores criticaban que el gobierno, la policía y los resortes oficiales se habían puesto en juego para presionar al electorado. Frente a ello, el gobernador Orfila expresó que esas quejas quedaban impugnadas por el alto porcentaje de votantes durante el acto comicial, que daba cuenta de las amplias garantías con las que había contado el pueblo y, además, porque el triunfo había correspondido a la oposición.⁴¹ Para La Unión, vocero de la UCR yrigoyenista, el 1° de abril marcaba la posibilidad de dos caminos para la provincia: o la redención ciudadana o la continuación del oprobio. En su interpretación, el pueblo mendocino había sabido elegir y detener la “ola destructiva”, marcando la caída del lencinismo.⁴²

En síntesis, durante cada instancia electoral se celebraba la regularidad con la que se desplegaban las elecciones, se alentaba la participación de la ciudadanía y el voto era considerado el dispositivo privilegiado de legitimación política por una fuerza que se veía a sí misma como la verdadera intérprete de los anhelos populares. No obstante, las prácticas dudosas, las acusaciones y denuncias mutuas, las reiteradas manipulaciones en torno al agua, la injerencia de la administración pública en los trabajos electorales, así como los casos de violencia política, demostraban que el panorama político fue mucho más complejo y dinámico de lo que a los vencedores les gustaba admitir.

Conclusiones

El examen de los comicios nacionales y provinciales durante esta década en Mendoza constituyó un aporte específico para nutrir la historia electoral de esta etapa, ya que hasta ahora la bibliografía sólo había prestado atención, fundamentalmente, a las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo Provincial. De su análisis, se desprendió la yuxtaposición del consenso y del conflicto, las tensiones entre la democracia liberal y la democracia plebiscitaria y la importante penetración socio-territorial y política del radicalismo lencinista a lo largo de todo el territorio provincial, que se expresó tanto en cantidad de votos (que en algunas elecciones superó el 70 %) como en su distribución espacial. Así, interesa señalar el carácter complejo y dinámico del lencinismo, cuya exitosa trayectoria electoral revela la combinación de numerosos factores y la superación de obstáculos, como la continua fragmentación del radicalismo local, las críticas de la oposición local y nacional, y la incidencia de las intervenciones federales que no lograron opacar la hegemonía electoral lencinista.

Los partidos políticos procesaron las interpretaciones sobre las consecuencias de la igualdad política desde distintas modalidades. Las circunstancias políticas favorecieron la mirada del triunfador, que en las elecciones interpretaba al electorado como virtuoso, mientras que el perdedor atribuía la derrota a los desmanes del oficialismo y a la falta de garantías en el proceso electoral. De este modo, se exponían las contradicciones de la oposición al defender la democracia, pero al mismo tiempo exhibir su inconformidad con los resultados electorales. Mientras, el lencinismo acentuaba la noción de democracia plebiscitaria y la importancia de los comicios como fuente de legitimidad y ratificación de su mandato, y no como demostración de la diversidad. También hubo diferencias en torno a los procedimientos electorales, por ejemplo, en el debate sobre la conveniencia del sistema del tercio o la representación proporcional. Así, la reconstrucción de la actividad política en torno de la producción del voto también permitió observar la “realización de lo político” (Rosanvallon, 2003) en las antinomias sostenidas por los partidos políticos por esclarecer los fundamentos de la legitimidad democrática.

Por su parte, una vez que el radicalismo accedió al gobierno pudo transferir los recursos estatales y el control sobre la administración pública para incidir en el mercado electoral. Justamente, la injerencia de elementos políticos en la administración en organismos estatales clave, como Irrigación, la Dirección General de Industrias o el Departamento del Trabajo, que volcaban su accionar a favor del trabajo electoral, constituyó una de las críticas constantes de los partidos opositores. No obstante, no hay que olvidar que, más allá de estas manipulaciones, el lencinismo contó con el apoyo popular. Sin embargo, los cambios en el contexto político-intelectual ofrecen pistas para pensar que la mirada victoriosa de la democracia lencinista en 1918 chocó hacia fines de la década con un clima más crítico de los dispositivos representativos, como lo demostraron los fenómenos en torno a los comicios de 1927 y la derrota lencinista en la instancia nacional de abril de 1928.

A ello cabe añadir algunas otras aristas que pueden haber contribuido al éxito lencinista, como las coyunturas dificultosas que transitó el conservadurismo para fortalecer su organización, el escaso peso electoral de los radicalismos antilencinistas (con las excepciones de 1920 y 1928), y la circunscripta gravitación del socialismo en las áreas urbanas. Asimismo, la UCRL no necesitó concertar alianzas con otras agrupaciones políticas para triunfar en la lucha electoral.

Por último, la cuestión de la territorialización de las prácticas y de los resultados comiciales constituye una variable analítica aludida en el texto, aunque no profundizada, que merecería mayor atención en un futuro y probablemente podría arrojar luz sobre la capacidad de presión de Irrigación, el rol político de la policía y sus divisiones espaciales, y el peso de las agrupaciones políticas, aludiendo a la geografía del voto y la dinámica de las elecciones municipales.

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Notas

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