Introducción

Salir de la prisión es el horizonte de toda persona privada de su libertad desde el momento en que ingresa en ella. Alcanzar ese objetivo rápidamente, sin embargo, es el destino de pocos. Un repaso por los intentos de fuga demuestra que se trata de una empresa que, a menudo, sale mal. Parte importante de quienes consiguieron traspasar los muros, fueron recapturados, heridos o ultimados.¹ En este artículo nos proponemos abordar el fenómeno de la evasión, bajo distintas modalidades, en prisiones de Argentina y Uruguay. Se busca analizar, en ambos países, las características de aquellas acciones que, siguiendo a James C. Scott, pueden ser consideradas como formas de resistencia abierta (Scott, 2004, p. 22). Como han señalado Chantraine y Martin, lejos de constituir hechos aislados que siembran el caos en un ambiente ordenado, las fugas constituyen una suerte de extensión del orden negociado de la vida carcelaria, y se muestran como acontecimientos reveladores de las características del núcleo duro de las instituciones de reclusión (Chantraine y Martin, 2019, p. 2). En la cotidianidad de la prisión, la resistencia que se observa más a menudo puede catalogarse como “oculta”. No obstante, ocasionalmente se manifiesta de manera abierta y explícita en la cara del poder, como es el caso de motines, huelgas y fugas. Consideramos que el análisis comparativo puede contribuir a superar algunas conclusiones que, vistas desde los casos “nacionales”, parecen describir características “locales”. Sin embargo, cuando son contrastados, pueden adquirir dimensiones regionales. En este estudio, esperamos observar de qué manera el fenómeno de la fuga impactó en la construcción de los modernos sistemas penitenciarios en ambos países. Siguiendo la propuesta metodológica de Jürgen Kocka, consideramos que la comparación –ya desde la mera descripción– nos ayudará a desafiar –o sostener– pretensiones “nacionales” de particularidad (Kocka, 2003, p. 40).

Este trabajo propone como punto de partida las últimas décadas del siglo XIX, cuando se emprendió en el Río de la Plata la construcción de las primeras penitenciarías de Argentina (Buenos Aires, 1877; Salta, 1881; Tucumán, 1886; Santa Fe, 1893; Córdoba, 1895) y de Uruguay (Montevideo, 1888).² Si bien todas siguieron –aunque de distintas maneras– el modelo radial, los dos establecimientos más importantes, en Buenos Aires y Montevideo, se inspiraron directamente en la prisión de Pentonville, Inglaterra. Los flamantes edificios, a través de “la solidez de sus muros”, plantea Jorge Trujillo Bretón, vendrían a reducir la cantidad de fugas que se producían en las viejas cárceles pre-penitenciaria (Trujillo Bretón, 2011, p. 21).³ La maximización del control y la vigilancia vendrían acompañados con una reducción de la cifra de evasiones. Parece pertinente, a su vez, tener en cuenta que la grave crisis económica de la década de 1890 –de acuerdo con la estadística oficial– se relacionaría con un crecimiento de los delitos contra la propiedad que tensionó la capacidad de los establecimientos carcelarios para responder a la demanda de plazas por los sistemas judiciales a ambas márgenes del Río de la Plata.

La superpoblación y las dificultades para cumplir con premisas básicas del reformismo, como la adecuada clasificación de los internos y el trabajo en talleres, tuvieron un papel central en el impulso de edificios de partido paralelo (García Basalo, 2016). Se propone entonces, como cierre del estudio, a la década de 1930, cuando la arquitectura penitenciaria ya ha experimentado un viraje hacia el modelo de pabellones en ambos países (Montevideo, 1910; Santa Fe, 1922; Tucumán, 1927) y comienzan a organizarse los primeros servicios penitenciarios centralizados (1933). De esa manera, se abarca un periodo de medio siglo, en el que se indagará sobre la posible relación entre las fugas y las transformaciones en la arquitectura, organización y profesionalización de las instituciones penitenciarias de Argentina y Uruguay.

La cuestión de la “seguridad” estuvo muy presente en los debates sobre el sistema penitenciario, condicionando la definición sobre el modelo a seguir para los nuevos edificios. Fue un momento, como señala Garland, en el que comenzó a ganar terreno la idea del fracaso de las prisiones como “institución disciplinaria/correccional”, tomando cuerpo un programa que poco aportaba en materia de rehabilitación (Garland, 2018). Paralelamente, en las décadas de 1920 y 1930, comenzarán a tomar mayor protagonismo administradores no militares de prisiones, lo que venía a romper con una hegemonía policial/castrense existente desde los primeros establecimientos de fines del siglo XIX. El objetivo de estos cambios estuvo dirigido a avanzar con la profesionalización de los servicios penitenciarios en momentos que registran situaciones críticas, fundamentalmente debido a acusaciones de mala administración, y la concreción de algunas de las evasiones más impactantes de la época como ocurriera en Buenos Aires (1923) y Montevideo (1931). Aquellas fugas en particular –sumadas a una serie de evasiones anteriores– terminaron por evidenciar las debilidades materiales y organizativas y la denunciada ineficiencia para garantizar una capacidad segregativa sin fisuras que se esperaba de las penitenciarías.

El texto se estructura en tres secciones. En la primera se presentan las características de la construcción de una “arquitectura de seguridad” en las nuevas penitenciarías, entre la concreción de modelos arquitectónicos y la emergencia de dinámicas de resistencia y negociación. En la segunda sección se aborda una sucesión de fugas caracterizadas como oportunistas, en las cuales los internos hacían uso de momentos específicos (como el trabajo en las áreas abiertas o incluso salidas a trabajar fuera de la prisión) para darse a la fuga. Finalmente, se presenta una serie de evasiones fruto de planificación, que sitúan en un lugar de mayor centralidad a dos componentes esenciales en la planificación del escape: negligencia y complicidad. Para reconstruir los diferentes casos se ha empleado como fuentes la prensa de ambas orillas del Río de la Plata y los informes y memorias generados por la propia administración penitenciaria.⁴

Arquitectura de la “seguridad”. Entre resistencia y negociación

La reforma penitenciaria prometía transformar integralmente la forma de lidiar con el delito en los “países civilizados”, con el fin de hacer de los delincuentes cuerpos dóciles y miembros útiles de la sociedad. Reaccionaba frente al hacinamiento de “viejos edificios construidos sobre la miseria y la violencia” (Gómez Bravo, 2005, p. 231). Prometía hacerlo mediante prisiones pensadas para “seguridad y no para castigo” de los reos (García Basalo, 2017). A mediados del siglo XIX, América Latina comenzó a incorporarse a dicho impulso buscando sustituir, paulatinamente, los viejos espacios, saberes y prácticas de encierro heredadas en buena medida del periodo colonial. Los proyectos reformistas procuraron integrar al clásico objetivo segregativo de las prisiones, la regeneración de sus internos a través de un régimen que aspiraba a la regulación estricta del tiempo y de las actividades. La disciplina debía ser omniabarcadora ya que “ningún detalle carece de interés en la cárcel que pretende ser científica y correctora” (Trinidad Fernández, 1991, p. 146). De todas formas, el principio rector que planteaba la conversión de los presos en ciudadanos útiles no extinguiría la convicción de la necesidad de conservar un componente de rigor. Un tratamiento “excesivamente” benigno, se reiteraba, podría llevar a que “algunos prefieran estar en la cárcel”, en donde encontrarían “mejores condiciones de vida de cuando estaban en libertad” (Vaz, 2020, p. 151.). Cuestionando el espíritu de reformas, el montevideano Diario del Plata apuntaba precisamente a ese contrasentido de la vida en “recintos apacibles” que aseguraban techo y comida comparándola “con la misera existencia de los pobres, librados á su suerte, obligados á luchar para ganarse el pan, mal asilados y privado de todo género de placeres”.⁵ Los diarios argentinos oscilaron entre una posición más favorable a la apertura de los nuevos espacios penitenciarios (La Razón de Santa Fe y El Orden de Tucumán), que veían en la habilitación de las penitenciarías un rasgo de anhelada modernidad, y el rechazo a “la pasmosa suntuosidad” de la Penitenciaría Nacional (La Libertad, Buenos Aires). Según ha señalado Caimari, los “lujos” de ese “hotel que se cierra al público honrado y solo abre para los parroquianos del crimen” eran contrastados por la prensa con “la deficiente infraestructura de otras funciones estatales al servicio de los ciudadanos honestos” (Caimari, 2004, p. 52).⁶

Frente a la publicidad y espectacularidad que ostentaban los castigos físicos del antiguo régimen, señala Pedro Fraile, el encierro “moderno”, que comenzaba a ocupar un lugar medular en la arquitectura punitiva, sustentaría su eficacia en la “inexorabilidad y la omnipresencia” (Fraile, 2019, p. 49). Una definición central que impulsó la concreción de modernas estructuras que, a diferencia de las antiguas cárceles, fueron construidas específicamente para la privación de libertad, bajo un régimen “regenerativo”. En el transcurso del siglo XIX, se fue imponiendo un sistema que tuvo como base el aislamiento celular que tomó como referencia las prisiones estadounidenses de Walnut Street en Filadelfia y de Auburn en Nueva York o, como ocurriría en Uruguay, la variante conocida como “irlandés” que combinaba ambos de forma gradual de acuerdo a lo aprobado por la Comisión del Código Penal en 1882. En la Argentina, el sistema gradual intentaría ponerse en práctica –sin mayor éxito– a partir de la sanción de la Ley Nacional n°11833 de “Organización carcelaria y régimen de la pena”, sancionada en 1933, y a la que adhirieron, con el tiempo, buena parte de las provincias.

Estos modelos se convirtieron en referencia para el continente generando una heterogénea adhesión como queda de manifiesto en la reglamentación de establecimientos en diversas ciudades como Guadalajara, Río de Janeiro, Bogotá, Santiago de Chile, Lima y, posteriormente, en Buenos Aires y Montevideo. El arribo en diferentes oleadas del ideal penitenciario, sostiene Abelardo Levaggi, provocaría que quedara “envuelto en una variada gama de discursos de reforma social y política” (Levaggi, 2002, p. 48). Los proyectos carcelarios se inclinarían por el modelo radial en sus variantes europeas y norteamericanas, más allá de la opción por el régimen de aislamiento celular escogido (García Basalo y Mithieux, 2017). Las nuevas penitenciarías de las capitales del Río de la Plata, cuyos planos se enviaron a eventos internacionales, fueron exaltadas como una muestra más de los avances “civilizatorios” que registraban ambos países. La construcción de la Penitenciaría de Buenos Aires, señalaba Catello Muratgia –arquitecto y director de la prisión radial de Ushuaia– “fue la más clara manifestación del asombroso progreso” argentino (García Basalo, 1979, p. 110). Desde su inauguración en 1877 hasta 1900, solo se registraron desde la Penitenciaría Nacional dos fugas, individuales, improvisadas y favorecidas por negligencia de la guardia (González Alvo y Núñez, 2016).

Se trató, de todas formas, de un proceso heterogéneo que concentró las construcciones básicamente en las grandes ciudades. En el caso de Salta, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, aunque los proyectos fueron muy diferentes –y con concreciones muy disímiles–, “estuvieron inspirados en modelos de orígenes similares, fundamentalmente el partido radial, ya sea italiano, inglés o el empleado en la penitenciaría de Buenos Aires” (González Alvo, 2021, p. 35). Así, para el caso de Argentina, como sintetiza Jeremías Silva, es notoria la diferencia entre los principales establecimientos (como la Penitenciaría Nacional y el Presidio de Ushuaia) y un significativo número de prisiones provinciales que “continuaban dentro de parámetros pre-penitenciarios” (Silva, 2017, p. 321). Un razonamiento que resulta válido para buena parte de los locales ubicados fuera de la capital uruguaya, que continuaron siendo zonas de encierros en las comisarías de policía sin mayores modificaciones hasta la aprobación, a comienzos del siglo XX, de un presupuesto para reformas de las cárceles departamentales de Colonia, Durazno, Melo, Minas, Paysandú, Salto y Tacuarembó. Este contraste entre centro-periferia, resulta extensible a la realidad penitenciaria latinoamericana en términos generales (Cesano, Núñez y González Alvo, 2019).

Igualmente, el paso “de los sueños penitenciarios”, del que habla Lila Caimari, “a la modernización de la infraestructura” (Caimari, 2004, p. 50) se vería afectado tempranamente por la grave crisis producto de la superpoblación. A poco de inaugurados, en varios de los establecimientos comenzaron a registrarse discursos que insistieron sobre el agotamiento de las posibilidades de las que fueron consideradas prisiones modelo para proponer su sustitución. La “lectura optimista” notoria en los momentos inaugurales comenzaría a resquebrajarse ante la situación crítica de los establecimientos penitenciarios (Fessler, 2021).

En Uruguay, el proyecto de 1895 del diputado Eduardo Zorrilla testimonia la existencia de una corriente que propulsó la construcción de un nuevo penal en Montevideo a partir de la convicción de las limitadas posibilidades de la penitenciaría que había sido inaugurada hace poco más de un lustro. Este es un fenómeno que se registra también en Argentina, donde las críticas a los nuevos edificios no se hicieron esperar. Los durísimos cuestionamientos a las cárceles de Tucumán, Santa Fe y Rosario ya son constatables en los primeros años luego de sus habilitaciones. En Tucumán, un funcionario del gobierno directamente sugirió su demolición total al poco tiempo de habilitarse (González Alvo, 2022).⁷

Posteriormente, los edificios radiales en general –aun los mejor construidos como los de Córdoba, Buenos Aires y Montevideo– comenzaron a ser motivo de cuestionamiento por su incapacidad de dar respuesta a la creciente demanda de plazas. El corolario, según señala Carlos Aguirre para Lima, sería “la admisión del fracaso” de una penitenciaría que no sirve para el pregonado objetivo de la conversión de los delincuentes: “del modelo original solo quedaba su dimensión represiva” (Aguirre, 2008, p. 110). John Pratt ha señalado que las prisiones heredadas del primer impulso reformista del siglo XIX, lejos de la orgullosa exhibición de las autoridades, comenzaron a ser percibidas en los inicios del XX “como obstáculos para modelos más progresivos, terapéuticos y de rehabilitación penal que ahora sus expertos querían desarrollar” (Pratt, 2006, p. 79).

En un intento de revertir esa situación, los nuevos establecimientos latinoamericanos del siglo XX comenzaron a construirse siguiendo el modelo de pabellones paralelos de la cárcel francesa de Fresnes: “la más moderna y racional de las prisiones europeas” (Irureta Goyena, 1912, p. 151). Será el caso del penal de Punta Carretas de Montevideo, inaugurado en 1910, que vino a sustituir el edificio de la calle Miguelete, que a su vez se destinaría a cárcel correccional reemplazando al viejo local ubicado en el centro de la capital. Lo mismo sucedería en la Argentina, en la que las nuevas penitenciarías del siglo XX comenzaron a seguir el partido paralelo (Santa Fe, 1922; Tucumán; 1927). Si bien, existieron altos niveles de coincidencia en considerar que el sistema radial obtenía resultados óptimos en materia de seguridad, tendría su contracara en su débil capacidad de responder a la demanda creciente de plazas. Sumado a ello, debían agregarse los inconvenientes generados por la disímil orientación de las celdas (produciendo desigual ingreso de luz y ventilación según la inclinación de los pabellones radiales) y la inflexibilidad de la planta que no permitía la ampliación ni la incorporación de edificios para cumplir funciones acordes con los nuevos criterios penológicos (García Basalo, 2016).

Los nuevos modelos de “arquitectura punitiva”, destaca Burillo Albacete, implicaron “distintas formas de vida en sus moradores que prometían excelentes resultados de cara a la enmienda de los delincuentes” (Burillo Albacete, 2011, p. 29). Alineados con un programa reformador que aparejó una redefinición del encierro mismo, los reglamentos carcelarios apuntaron a un control permanente de los reclusos. Para ello, se aspiraba a reglar cada uno de los momentos de la vida en la cárcel. Desde el ingreso, la normativa regulaba las actividades y las relaciones internas (entre los propios presos, con las guardias y con las autoridades) imponiendo correctivos y administrando premios.⁸ Así, por ejemplo, el director de la Cárcel Penitenciaria de Montevideo tenía en su extensa lista de cometidos impedir toda infracción al reglamento (1888). Apostando a un tratamiento individualizado “tanto como sea posible” y conciliando la “severidad de la disciplina” con la moderación, el director debía promover por medio del consejo y la reflexión que los presos “soporten resignados su situación y se dispongan a la enmienda”.⁹ Similares disposiciones pueden encontrarse en las reglamentaciones de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Sin embargo, debe señalarse un aspecto de mayor severidad en el caso de la Penitenciaría de Buenos Aires (observable también en el establecimiento penitenciario montevideano), en la cual, al ingresar, el condenado era privado de su nombre, que era reemplazado por un número. Se instruía al condenado “que la obediencia, el silencio y el trabajo son sus principales obligaciones; y que si las infringe será castigado severamente; que se le vigilará a todas horas sin que lo sepa, y que por la construcción de la casa no podrán tener éxito las tentativas de fuga”.¹⁰ Este último artículo fue reproducido en otras reglamentaciones argentinas como las de Rosario, Córdoba y Tucumán.

No obstante, el “ideal panóptico” perseguido –traducido inicialmente en el partido radial– se vio permanentemente tensionado por el estado de locales marcados por la superpoblación y el hacinamiento. Situación que agudizó las dificultades de clasificación de los internos en función de la falta de disponibilidad locativa. A ello se sumarían las deficiencias de un personal que no escapaba a las propias necesidades de control. Para el “buen servicio de las cárceles”, se definía en el sumario levantado contra un vigilante uruguayo en 1888, era necesario un “personal serio y que cumpla estrictamente con sus deberes porque de lo contrario se relaja la moral del Establecimiento y se produce el desorden”.¹¹ Las limitaciones presupuestales, señalaba en 1890 el director de la montevideana Cárcel Penitenciaria con motivo de la sanción y cese de cuatro vigilantes, han forzado a tomar personal incompetente para el cargo al que “hay que vigilarles á su vez, complicando el mecanismo del Establecimiento y originando frecuentes pedidos de separación”.¹² Los sumarios dan cuenta no solo de la extensión de las faltas disciplinarias (previstas en los reglamentos) sino de la fragilidad de los mecanismos de vigilancia y la existencia de dinámicas internas de funcionamiento contradictorias a las normas. Ello es constatable en formas de retribución o “préstamos” a los guardias o en la circulación de productos prohibidos (particularmente bebidas alcohólicas), “permisos de salida” informales, recepción de correspondencia ilegal que dejan al descubierto la relajación del orden disciplinario planteado desde los reglamentos.

Los reglamentos de Buenos Aires (1877), Córdoba (1896), Tucumán (1900) y Rosario (1910) otorgaban al director capacidad para aplicar castigos tanto a presos como a empleados que cometieran irregularidades o se interpretaba que no cumplían con su deber.¹³ En Córdoba, en 1908, el director Antonio Amaya solicitó al ministro de Gobierno de la provincia la potestad de imponer castigos al personal por las continuas faltas cometidas, tanto en el orden disciplinario como moral. Para ello seguía una escala de castigos según “la gravedad de la falta y la reincidencia”.¹⁴ Algunos años más tarde, denunció ante el gobierno el “espíritu subversivo entre ciertos empleados y presos” y “signos inequívocos de confabulación”. El personal, a su entender, faltaba abiertamente “a su conciencia y a su deber, y se solidariza con el preso en sus sueños de anarquía y rebelión, y no sólo se asocia sino que guía y prepara sus actos”.¹⁵ Finalmente, este director se vio obligado a dimitir luego del estallido de una importante sublevación en 1916 (González Alvo, 2022).

Ese mismo año, en la memoria del Consejo de Patronato de Delincuentes y Menores de Uruguay se señalaba la destitución de 18 empleados en el periodo de dos años y medio por una amplia gama de infracciones (desde el ingreso de productos a “cometer actos de inmoralidad”).¹⁶ En 1922, Juan Carlos Gómez Folle asumió la dirección de la Cárcel Penitenciaria con el cometido de desarticular un motín producido aquel año. Para ello llevó adelante un reordenamiento de la institución, destituyó a guardias de la Penitenciaría y solicitó, en reemplazo, el nombramiento de personal de su confianza proveniente de la Correccional. En una extensa entrevista realizada por el diario Imparcial, apuntaba el “caso concreto de empleados del penal que llevaban correspondencia clandestina -correspondencia subversiva por más señas- destinada a los reclusos”.¹⁷ En 1926, pasando en limpio su experiencia carcelaria, Gómez Folle destacó las características negativas de un personal poco apegado a los reglamentos “incurriendo en faltas previstas por disposiciones vigentes”. Carlos Aguirre define como elementos sustanciales de la endeblez de la reforma, el defectuoso sistema de reclutamiento del personal carcelario y las debilidades del control a los que fueron sometidos por la administración penitenciaria. Agrega a ello “la falta de correspondencia entre los ideales de la reforma penal y el funcionamiento práctico de las cárceles” (Aguirre, 2019, p. 19). Los internos –junto a algunos guardias y otros empleados penitenciarios– subvirtieron los objetivos anunciados para las prisiones a través de formas individuales o colectivas de “negociación” que pautaron el ritmo de las cárceles. El conjunto heterogéneo de reclusos estaría regido menos por las disposiciones formales que por una serie de “interacciones” entre ellos mismos y con las direcciones y guardias de las prisiones, desafiando el severo orden penitenciario diseñado por los reformadores. A esta compleja red de vínculos, distinta que la dispuesta para las prisiones, Aguirre la ha denominado “orden consuetudinario”. Orden bajo el cual subyace una serie de prácticas que, erosionando el pretendido “control panóptico”, configuraron un relacionamiento alternativo –y funcional– en las cárceles (Aguirre, 2019).

Por otra parte, Trujillo Bretón plantea dos “caminos contradictorios”, que formaron parte de la cultura carcelaria, que oscilaron entre la educación para ser un “buen detenido” y la idea clásica de escuela del crimen. Una cultura que, junto a la impronta del sometimiento, generó “relaciones informales de poder y violencia”. Un mundo interno que permitía a los reclusos desarrollar estrategias de acceso a aquellos elementos limitados o censurados por las autoridades penitenciarias (Trujillo Bretón, 2011). Resistencias y negociación, ruptura del orden deseado, señala Pulido Esteva, marcaron en lo cotidiano las relaciones entre las personas que habitaron las cárceles (Pulido Esteva, 2017). Formas, coinciden Aguirre y Pulido, que no llegarían a representar un desafío abierto a la autoridad como los motines, sublevaciones y fugas. Asimismo, parece pertinente considerar las huelgas de hambre protagonizadas por presos, verificables desde inicios del siglo XX como forma de exteriorización de las demandas. Así, junto a la “arquitectura de la seguridad” que caracterizó a la reforma penitenciaria, fueron formándose estrategias de resistencia y negociación que forjaron las diversas dinámicas de funcionamiento interno de las cárceles, que serían, en buena medida, una base cultural necesaria para emprender la huida. Ya sea con diferentes grados de improvisación, como veremos en el siguiente apartado, o fruto de una elaborada planificación, tal cual se analiza en la última sección, el hecho es que, sea cual fuera el camino elegido para la “libertad anticipada”, la dinámica de funcionamiento de complicidad, lealtades y enfrentamiento, constituirá una plataforma para el sueño del escape.

Huir desde afuera. La oportunidad hace al fugitivo

Las fugas exitosas de los edificios penitenciarios resultan, en términos generales, escasas en el transcurso de las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX. Especialmente si las comparamos con las antiguas cárceles donde las crónicas hablan de la cotidianeidad de las evasiones. La cifra parece aún más reducida si consideramos exclusivamente aquellas producidas desde las celdas y corredores, excluyendo zonas perimetrales o del exterior. Las circunstancias que permitían una salida frecuente eran comparecencias en tribunales, derivaciones a hospitales o traslados para trabajar fuera de la prisión, como por ejemplo, en las canteras de la Unión (dependiente de la Cárcel Penitenciaria montevideana), las canteras de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, o la construcción del Parque Roca en Tucumán, por citar algunos ejemplos. Así fue que un alto porcentaje de las fugas y tentativas, de las cuales tenemos conocimiento, se produjeron desde fuera de las prisiones. Buena cantidad de esos hechos tomaron estado público a través de la prensa o son referenciados por los propios organismos directrices de las cárceles o las autoridades penitenciarias.

Una hipótesis factible sería que parte importante este tipo de evasiones fueron resultado de aprovechar oportunidades más que frutos de la planificación. Demandaban, sin embargo, de un conocimiento mínimo del funcionamiento de la vigilancia y de los recorridos a realizar. Es dable a pensar, también, que requiriera de cierto grado de deficiencia en la vigilancia o, incluso, cooperación, razón por la cual en cada ocasión los guardias son sometidos a extensos sumarios posteriores a las evasiones o tentativas. Marcos Fernández Labbé señaló que buena parte de esas fugas constituían “un accionar solitario, simple, cuya factibilidad y éxito radicaba mucho más en los pies y agilidad del que huía, que en la planificación de la operación” (León, 2003, p. 549). No obstante, no debe descartarse el papel de las relaciones entre guardias e internos para considerar la posibilidad de encontrar el momento o el lugar justos para darse a la fuga. La complicidad o la simple inoperancia –productos de distintos tipos de resistencia, las de internos y las de guardias– no pueden dejar de ser consideradas como factores posibilitantes. Algunos internos, especialmente aquellos sentenciados a extensas condenas, fueron protagonistas de varias fugas. En Uruguay desde 1886, José Carbajal, fue el promotor de varios intentos de evasión.¹⁸ En Córdoba, el célebre bandido rural Jesús Mugas, consiguió evadirse tres veces entre 1897 y 1903, aunque luego fuese recapturado (Ramés, 2016).

El análisis de las fugas durante este periodo, muestra la preponderancia de las realizadas desde aquellas áreas en que se registraban ciertos niveles de relajación del control. Particularmente, desde los espacios de trabajo promovidos por el proyecto reformista que los defendió como un elemento sustancial para la conversión: “Reclutando soldados del crimen”, devolviendo “buenos ciudadanos y obreros emprendedores y honrados” (Muñoz Anaya, 1879, p. 18). La instalación de talleres, forjadores de la disciplina laboral, tendrían además un componente simbólico: el mensaje de la justicia de que los reclusos con su trabajo colaborarán en su sustento, aprendiendo el valor del ahorro y el esfuerzo personal a través de recibir un peculio. Se evitaba también, la contraproducente permanencia en un ocio que fue denunciado como el laboratorio en donde se gestaban sublevaciones y fugas. El tiempo “mal empleado”, el “exceso” de horas libres, estaría así asociado con el origen de los complots contra las autoridades (Fessler, 2012).

Sin embargo, fuera de las actividades productivas, vinculadas con la disciplina fabril y la enseñanza de oficios, se desarrollaron en el interior de las prisiones tareas destinadas a la terminación, el mantenimiento o la mejora de los edificios. Albañiles, pintores o herreros, fajineros dedicados a la limpieza o en tareas de jardinería, desempeñaron parte de sus funciones en la periferia de las prisiones, fuera de sus celdas, pero intramuros, con una movilidad menos restringida. En mayo de 1902, en Tucumán, seis presos que trabajaban en la construcción de un sendero en uno de los jardines de la penitenciaría se dieron a la fuga sin mayores dificultades (González Alvo, 2013). En Uruguay, un interno que trabajaba en la pintura del Penal de Punta Carretas, protagonizó la primera fuga a poco de su inauguración en 1910. Confundiéndose con obreros que blanqueaban las paredes del establecimiento, ocultando bajo la cintura del pantalón el grillete y disimulando con cal el número de su uniforme, tomó una escalera para retirarse por la puerta. Tras el escape, cruzó el Río de la Plata siendo posteriormente capturado por la policía argentina. Poco tiempo después, en 1913 un interno que se encontraba limpiando los dormitorios de la guardia, se fugó utilizando la ropa de un obrero. La ocasión serviría a la prensa para advertir sobre la continuidad de las evasiones, apuntando a la vulnerabilidad del nuevo edificio: “siendo los actores individuos cuyas condenas, casi interminables” los impulsarían a violentar la vigilancia del “amplio palacio donde la justicia los ha confinado”.¹⁹

Paralelamente, es constatable un número significativo de evasiones desde espacios exteriores a los ámbitos carcelarios que nuclearon grupos importantes dedicados a tareas específicas, tanto permanentes como puntuales, que estuvieron relacionadas con la demanda de fuerza de trabajo. Dos parecen destacarse: las actividades laborales en dependencias extra carcelarias y las desarrolladas en obra pública. Las direcciones de cárceles de Montevideo recibieron un pedido regular de presos para trabajar en el Cementerio del Buceo y en obras viales que, por otra parte, no siempre pudieron satisfacer. Desde un grupo que realizaba tareas de desmonte en las cercanías del Penal de Punta Carretas se realizó el 16 de octubre de 1912 una de las fugas de este tipo más resonantes que protagonizó Agustín Buisson. Trasladándose rápidamente a Argentina, fue capturado como autor de un robo menos de un mes después en la ciudad de Rosario, concretándose su traslado a Uruguay en abril de 1914. Con ello, señala el vespertino La Tribuna Popular, se libraban las autoridades penitenciarias rosarinas de un “continuo sobresalto” al haber querido evadirse dos veces. Una por medio de “un pozo en el piso de su celda” que ya tenía una profundidad de dos metros al ser descubierto y otra por medio de un “boquete debajo de una pileta” que comunicaba con un subterráneo que iba a una de las paredes exteriores a la cárcel.²⁰

En Tucumán, la construcción de dos parques fue el epicentro de las evasiones durante los primeros años del siglo XX. En las obras del Parque Roca –solo entre 1905 y 1906– se sucedieron, al menos, seis fugas individuales exitosas y un intento de sublevación de los internos que se encontraban allí trabajando. En el caso del Parque Centenario, solo en el año 1910, se dio constancia de tres fugas. Hacia 1913, el director de la cárcel solicitó al ministro de justicia la compra de una “cárcel portátil” en procura de reducir el número de fugas producidas en salidas de los presos al exterior de la penitenciaría (González Alvo, 2013). En Ushuaia, entre 1902 y 1946, se registraron una decena de episodios de fuga en trabajos en el exterior, desde trabajos en el predio hasta en el aserradero o en otras zonas aledañas (Canclini, 2009). En Montevideo, en las Canteras de la Unión, se registraron al menos tres fugas con resultados trágicos. En 1901, un recluso resultó herido mientras que otro logró escapar a caballo. En 1905, cinco internos corrieron tras empujar a un guardia en momentos de la distribución del rancho. La orden de fuego culminó con la muerte de cuatro ellos, logrando huir Baldomero Arévalo.²¹ En 1912, se llevó adelante una tercera tentativa que tendría como consecuencia un endurecimiento de la vigilancia. Carlos Pereyra, un brasileño condenado a 30 años por el crimen de un carrero, intentó evadirse “a todo lo que le daban las piernas engrilladas”, siendo muerto con un disparo de máuser cuando “procuraba ingresar a una quinta vecina.²²

El propio Pereyra ya había intentado evadirse horadando una pared del Hospital Vilardebó a donde había sido trasladado por “síntomas de locura”. El padecimiento o simulación de enfermedades físicas o mentales (en el caso de Pereyra se determinó que era una “pantomima”), posibilitaron a los internos la oportunidad de una derivación a hospitales que fue visualizada como una instancia que facilitaba la fuga debido a las menores medidas de seguridad existentes. Conocemos para Montevideo evasiones del centro psiquiátrico para los años 1918 (en medio de una huelga de enfermeros), 1919 y 1920. En esta última lograron su cometido cinco internos procedentes de la Cárcel Correccional.²³ A ellas podemos agregar una serie de evasiones, frustradas o exitosas, desde los hospitales Maciel y Pasteur de la capital uruguaya. Contamos también con una considerable cantidad de casos similares en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, en las que también fueron comunes las huidas en contextos de hospitalización (González Alvo, 2022). Fue uno de los motivos por los que se construyeron hospitales penitenciarios en Buenos Aires (1908), Santa Fe (1922), Córdoba (1933), mientras que otro motivo fue el afán de profundizar los estudios de antropología y psiquiatría criminal.

Por último, si consideramos las fugas iniciadas desde el interior de los establecimientos su frecuencia parece ser menor en Uruguay que en Argentina. En el caso de esta última, contamos con casos de fugas desde dentro de las penitenciarías en Salta, Córdoba, Tucumán y Santa Fe. En la Penitenciaría de Córdoba, la primera fuga fue producto de una negligencia mayor: un penado “pidió permiso para salir” y simplemente no volvió, lo que demuestra la pervivencia de los tradicionales “permisos de salida” verbales que, generalmente cumplidos por los presos, eran una antigua costumbre de las cárceles provinciales (González Alvo, 2013). En una nota al director de la prisión, el jefe de la guardia afirmó que un subalterno “permitió al dicho preso, dando orden a la centinela de dejarlo salir, debiendo volver a las prontas, pero hasta hora [sic], el dicho D.S. no ha vuelto y yo presumo que se habrá fugado”.²⁴ Probablemente, una de las más resonantes evasiones producidas en Tucumán fue la del célebre bandido Andrés Bazán Frías en 1922. Según el diario El Orden, Bazan Frías y su compañero Martín Leiva se fugaron por la puerta principal, en pleno día y, en la huida, asesinaron a un oficial del cuerpo de Bomberos que custodiaba la entrada (Haro, 2017).

Si volvemos a Montevideo, la principal acción que conocemos, producida el 16 de abril de 1890, fue en el contexto de un motín, finalmente fue sofocado con el apoyo del Batallón 3° de Cazadores.²⁵ Pese a cierta uniformidad en el relato oficial sobre la finalidad de los reclusos de fugarse del penal, persisten las dudas tanto en relación al cometido de la acción como de la planificación de un movimiento que culminó con la muerte de tres guardias y un recluso. Si bien se reconocen formas de comunicación entre los internos que violaban el aislamiento celular (empleando como “teléfonos” las cañerías a las que se les desatornillaban los picos de gas), la propia investigación administrativa parece apuntar a la espontaneidad propiciada por el “descuido” de un guardia que al no cerrar todas las celdas de los radios 2 y 3, vulneró la vigilancia.²⁶

El descargo de las autoridades carcelarias deja al descubierto uno de los problemas más recurrentes generado por el hacinamiento como es la convivencia de encausados y penados entre los que se encontraban algunos por delitos considerados gravísimos. Un editorial del vespertino montevideano La Razón, cuestionaba el funcionamiento de cárceles que, si bien “no son sitios de tormento”, “deben serlo de seguridad absoluta para los criminales en ellas albergados”. Reafirmando, la problemática de un personal muchas veces próximo a los reclusos, exhortaba al control de directores que deben convertirse “en asiduos vigilantes de las mismas personas que tienen el delicado encargo de vigilar”.²⁷ Por su parte, también el “descuido” de la guardia será la explicación de una fuga producida desde el Penal de Punta Carretas en noviembre de 1927. Un “profesional del robo” colocado entre los “más peligrosos sujetos” que operaron en Montevideo, se encontraba realizando trabajos de pintura en una ventana cuando un pincel cayó al exterior. La constatación de la falta de trabas para recogerlo llevó a que tomara cuerpo la idea de la evasión. Al día siguiente, amparado por las posibilidades de movilidad que le daba la confianza de las autoridades penitenciarias debido a su “buena conducta”, se colocó un traje particular sobre el uniforme que se despojó en el baño y “con toda tranquilidad se dirigió hacia el exterior del establecimiento, traspuso la entrada ante la mirada del guardia y se alejó como si fuera un simple transeúnte”. Tras protagonizar varios robos “mediante efracción violando puertas” fue capturado por la policía.²⁸ Una situación similar se produjo en Córdoba, en 1937, cuando un interno, aprovechando la confusión generada por la afluencia de personas en un día de visita, simplemente salió caminando por la puerta de la prisión. Su ausencia no fue notada hasta el día siguiente por un guardia que escuchó una conversación entre reclusos. A causa de la evasión fueron suspendidos seis empleados: el encargado de la puerta, el del pabellón, el del primer centro, el auxiliar de alcaidía, el conserje y el sub alcaide de guardia.²⁹ Cabe también mencionar que, en Argentina, hubo al menos, tres casos de motines seguidos de evasiones colectivas. Sucedió en Tucumán cuando, a raíz de una revolución del Partido Radical, llevada a cabo en 1893, primero se amotinaron y luego se dieron a la fuga la totalidad de los presos. Finalmente, la cárcel fue empleada como fortín de los revolucionarios. Otro motín seguido de fuga también se produjo en Córdoba en 1897, cuando un grupo de 40 presos asaltó la armería del Piquete de Guardiacárceles. En medio de la refriega, unos cuatro internos lograron huir. Esto se repitió, pero con una participación mayor, en 1916 (González Alvo, 2022).

Fugas planificadas. Entre la negligencia y la complicidad

Las prisiones de Argentina y Uruguay registraron durante el período estudiado una serie de fugas que tuvieron como premisa la confianza en que la probabilidad del éxito de la empresa se relacionaba directamente con la planificación y, en ocasiones, con la negligencia o la colaboración de parte del personal penitenciario. En suma, un heterogéneo abanico de posibilidades, en los que las relaciones y dinámicas internas jugaban un papel relevante. Desde aquellas formas más básicas que dependían exclusivamente de los recursos y las capacidades de los propios presos a las que desarrollaron una preparación más minuciosa y compleja. Estas últimas incorporaron un despliegue logístico que incluyó frecuentemente el apoyo de colaboradores del interior de la prisión, del exterior, considerables recursos materiales y, en oportunidades, capacidades técnicas para sortear los obstáculos. La complicidad con guardias, mal remunerados y socialmente poco valorados, recibió en ocasiones estímulos económicos para facilitar las fugas como surge de los sumarios administrativos o sugieren las denuncias en la prensa. No faltan voces que, en lo que aparecen como casos aislados, apuntaron a motivos ideológicos en función de la afinidad con militantes sociales y políticos encarcelados en el transcurso del siglo XX. En el centro de las miradas habrían estado los maestros de los talleres en función de su vínculo directo con el mundo del trabajo y la difusión de ideas libertarias o socialistas. En Córdoba, incluso los maestros de las escuelas fueron en algún momento sospechosos de comunismo. Durante la dictadura de 1943-1946, se decidió cerrar la escuela del penal porque se estableció a raíz de la denuncia de un penado que tanto el director como sus tres maestros eran militantes de ese partido.³⁰ Ciertamente, los administradores penitenciarios, a la luz de su experiencia, comenzaron a condenar la permanencia de estos núcleos junto al resto de los internos, rechazando una convivencia que sería denunciada como verdaderas escuelas de subversión al ser detectadas como una oportunidad para el proselitismo. Las largas horas en común, se señalaba, permitían “inculcar en los penados las ideas más descabelladas que pronto germinan en la mente vesánica de los criminales”.³¹ Igualmente, los planteos de retirar de los establecimientos carcelarios a los presos por razones sociales y políticas no prosperaron durante el período estudiado, permaneciendo en las penitenciarías a pesar de la reiteración de las protestas de las sucesivas direcciones. Finalmente, tampoco se puede desdeñar la simple desidia o el desinterés de los encargados de ejercer el control sobre los reclusos.

A su vez, resulta pertinente tener presente que conocemos más de aquellas fugas en las que trascendieron las ideas, la discusión de los detalles o, incluso, los primeros sondeos sobre la viabilidad de la empresa. Proyectos que fermentaron en las duras condiciones de encierro. Un editorial de 1895 del diario montevideano La Tribuna Popular se extendió sobre las consecuencias perjudiciales del uso indiscriminado de castigos en la penitenciaría. Defensora de la pena de muerte (y de su reimplantación luego de la abolición en Uruguay en 1907) y de la importancia de la severidad punitiva, la nota consideraba que, lejos de la promoción de la “regeneración moral”, el “imperio horripilante de la violencia y del rigor terrorífico” empujaba a los presos al suicidio o a la confabulación “con otras víctimas para evadirse, plan que meditan con terrible impasibilidad en prolongadas vigilias".³²

En las Canteras de la Unión se produjo en 1902 la primera fuga mediante la excavación de un túnel de la que tenemos registro para Uruguay. La excavación, de 20 metros de largo, comenzaba en el galpón donde eran alojados los reclusos y se dirigía hasta un camino fuera de las canteras.³³ La síntesis periodística de la comparecencia judicial nos posibilita conocer la penalización de quienes intentaron evadirse, ratificando a su vez la hipótesis de la preponderancia de los condenados a largos periodos entre aquellos que procuraban la fuga.³⁴

La modalidad del túnel fue empleada en numerosas ocasiones en Argentina. En Córdoba, siete penados se evadieron de esa manera en 1907, aunque varios fueron recapturados. Del sumario se desprendía que la fuga podría haberse evitado si los guardias hubieran realizado los servicios reglamentarios de vigilancia sobre los torreones desde los cuales se dominaba con la vista todo el exterior del edificio. La investigación dejó al descubierto la libertad en el uso del tiempo de los penados, el acceso a herramientas y bebidas alcohólicas y la falta de vigilancia interna y de requisas de las celdas. Finalizado el sumario, se despidió a todo el personal de la cárcel con la excepción de quienes no tenían contacto directo con los presos (secretario, auxiliar escribiente, ecónomo, profesor, cocinero, ordenanzas y meritorios). En 1916 otros ocho penados se evadieron de esa misma penitenciaría (González Alvo, 2022, p. 169). En 1921, en Mendoza, cinco presos se evadieron por un túnel realizado luego de dos meses de trabajo (García Basalo, 2017, p. 115). En la Penitenciaría de Buenos Aires se registraron dos grandes fugas grupales a través de túneles. La primera se efectuó en 1911 cuando trece internos que salían a trabajar como jardineros cavaron durante varios meses un túnel que atravesó la muralla. Un año después, en 1912, once reclusos ensayaron una tentativa de huir por las cloacas que acabó con la muerte de diez de ellos por ahogamiento. En 1923 se produjo el escape de catorce presos por un túnel de veinticuatro metros de largo realizado en un baño del taller de escobería (González Alvo y Núñez, 2016). El Diario de Buenos Aires, sostuvo que la Penitenciaría Nacional ya no era lo que había sido en sus orígenes, habiéndose convertido en una “universidad de abyección en cuyas aulas se instruía teórica y prácticamente a los alumnos en todas las degeneraciones humanas”.³⁵ Al día siguiente, El Diario publicó que al menos cuatrocientos agentes se hallaban tras los rastros de los fugitivos. Y daba a conocer los antecedentes de algunos de los catorce fugados. Uno de ellos registraba una fuga anterior del Presidio de Sierra Chica (Buenos Aires).

De las penitenciarías de Rosario y Santa Fe se registran siete fugas entre 1930-1932. En 1936, en Río Cuarto, Córdoba, cuatro procesados se evadieron, mediante un túnel de unos 16 metros. Las excavaciones disminuyeron a fines de la década de 1930, seguramente como producto de la generalización de los pisos de hormigón que reemplazaron a las viejas baldosas y pisos de tierra. Asimismo, en las nuevas penitenciarías de partido paralelo construidas en los veinte y los treinta (Villa Urquiza y Coronda), ubicadas en predios mayores, los muros perimetrales estuvieron mucho más alejados de los pabellones que en las viejas penitenciarías de centros urbanos (González Alvo, 2022). En Montevideo son reducidos los casos de fugas que conocemos para el edificio radial antes de 1910. Por el contrario, se habría registrado un importante aumento tras ser destinado a cárcel correccional. Resulta insoslayable considerar como una hipótesis que explique su progresión, el creciente hacinamiento que llevó al establecimiento al entorno de los 800 presos a comienzos de la década de 1930, desbordando absolutamente su capacidad. Superpoblación que llevó a evaluar su ampliación y a que en 1931 se ensayara el traslado de presos a la Isla de Flores en el Río de la Plata de donde, por otra parte, se produciría una fuga en un bote de cuatro internos en abril de 1932.

Por el contrario, el Penal de Punta Carretas conoció la primera tentativa de evasión planificada a pocos años de su puesta en funcionamiento. El 30 de julio de 1913, al proceder el intendente José Silva y Uranga a un registro en los talleres, observó en la carpintería alteraciones al orden al haberse modificado la ubicación de un armario que de esa manera obstruía el pasaje a la carbonería. Al ingresar a la misma y levantar el piso de madera encontraron un túnel de 15 metros de largo y 4 metros de profundidad, que procuraba traspasar el “impenetrable” muro sur de la prisión.³⁶ Pasarían casi dos décadas para que se lleve a cabo una fuga por túnel exitosa en Punta Carretas. En 1931, desde una vivienda cercana en donde se instaló una carbonería, se realizó un túnel de 43 metros (Fernández, 1994). La fachada de comercio permitió una discreta realización de la excavación y facilitó el retiro de la tierra en bolsas que simulaban contener mercadería. Atravesando el muro del penal, el túnel se elevaba en el baño ubicado en el patio del fondo. La planificación previó la salida por la carbonería, donde le esperaba ropa particular, tres automóviles y refugios posteriores. La operación estuvo destinada a sustraer a un grupo de anarquistas a los que se sumaron otros cuatro reclusos. Al igual que la “gran fuga” de la Penitenciaría Buenos Aires, esta evasión motivó un amplio seguimiento por la prensa que acompañó las notas con destacados titulares y fotografías, efectuando una pormenorizada reconstrucción de los hechos y de las biografías de los prófugos. Sus historias advertían a la sociedad montevideana de los riesgos a los que se veía nuevamente sometida como resultado del fracaso de una cárcel que no lograba retener a sus internos. Asimismo, hacía hincapié en la supuesta participación de presos célebres alojados en Punta Carretas como Simón Radowitzky, quien se había fugado en 1918 de otra “inexpugnable” prisión, como lo era el Presidio de Ushuaia. Se trató de la única fuga de la historia de este penal que contó con apoyo del exterior.³⁷

Retomando la fuga de 1931, la prensa uruguaya señaló la peligrosidad típica del accionar “ácrata”, ya que “no se trata de delincuentes vulgares” sino de individuos “sin nacionalidad ni fronteras” y con una disponibilidad de recursos que provendrían en este caso de asaltos realizados en la ciudad de Buenos Aires.³⁸ El relato del jefe de policía no sólo quitaba al túnel toda dimensión épica (“una obra vulgar”), contradiciendo de alguna manera la línea editorial que lo destacó por su precisión matemática, sino que derivó la responsabilidad a las autoridades del penal al señalar que había advertido oportunamente sobre los riesgos de una evasión. Según Tribuna Popular, la fuga vendría a “probar que las altas autoridades de la Penitenciaría han vivido en limbo, sin otra preocupación que brindar a los penados y encausados, comodidades y ventajas que les permitieran sobrellevar la pesada carga de la condena en forma satisfactoria”. La cárcel, según aquel diario, “estaba convertida en un relajo”, gobernada por los presos ante la contemplación pasiva de la nueva direcció.³⁹

Aquella fuga no solo perjudicó a la dirección de la cárcel sino al sistema penitenciario uruguayo en general. Afectó hasta la gestión del Patronato de Delincuentes y Menores, con problemas de funcionamiento permanentes, en buena parte debido al carácter honorario de sus miembros. La crisis se agudizó en el transcurso de 1933 teniendo su punto más alto en la disolución del organismo. En un clima de permanente tensión entre los consejeros y el Poder Ejecutivo, el conflicto se agravó con la decisión gubernamental de intervenir la Cárcel Penitenciaria poniendo a su frente al coronel Constante Baldizzone. Su administración tendría enfrentamientos con los miembros del Patronato y con los empleados del establecimiento. Según los consejeros del Patronato, Baldizzone se había enfocado en el “mantenimiento de la disciplina y la seguridad” y había perdido de vista su obligación de “velar por la mejora del penado, por su cultura y su reforma moral”.⁴⁰ Junto con la intervención, la resolución colocaba “transitoriamente” al Penal de Punta Carretas bajo la órbita del Ministerio del Interior, lo que permitiría adoptar “con la eficacia necesaria las medidas de orden policial que procedan” a efectos de restablecer la disciplina.⁴¹ El decreto, en el marco de la dictadura de Gabriel Terra, tras el golpe de Estado de 1933, se amparaba en la necesidad de adoptar “medidas de seguridad” en función de “noticias fidedignas” de que estarían por producir “actos de perturbación con caracteres de asonada, lo que significa un verdadero peligro para la seguridad pública”.⁴² Entre rumores e información sobre la penitenciaría, la decisión oficial pretendía atender a una “posible libertad de delincuentes” con carácter masivo.⁴³

Conclusiones

Lejos de configurar hechos aislados, las fugas constituyeron en las prisiones una suerte de extensión del orden negociado de la vida carcelaria (Chantraine y Martin, 2019). Demuestran la existencia de una serie de recovecos por los que los internos atravesaron las porosidades de los muros de la arquitectura de la “seguridad”. Lejos del ideal panóptico, la fuga nos permite imaginar la institución de una manera más acabada, con sus problemas, sus carencias y sus rigores. No obstante, a pesar de su importancia para el análisis del funcionamiento penitenciario, parece razonable suponer que las evasiones y los esfuerzos por evitarla (o alentarla) están sub-documentados. Tan solo teniendo en consideración los esfuerzos institucionales de demostrar su excepcionalidad, lo que permitiría invisibilizar las acciones que no tomaron estado público o se encontraban en la etapa de preparación. De todas maneras, el camino hasta aquí recorrido, que nos presenta decenas de episodios y centenares de evadidos, nos permite proponer algunas conclusiones al respecto. Las fugas operaron socavando el prestigio de las penitenciarías radiales del siglo XIX, contribuyeron a repensar los edificios paralelos de comienzos del siglo XX y, por último, estuvieron relacionadas con el impulso de la creación de organismos penitenciarios centralizados.⁴⁴

Los modélicos establecimientos inaugurados en el Río de la Plata en las últimas décadas del siglo XIX se embanderaron con prédicas que los presentaron como espacios de rehabilitación de sus internos, pero, al mismo tiempo, como fortalezas inexpugnables. Aquellos eran los elementos sustanciales que pretendieron diferenciarlas de las viejas cárceles de Antiguo Régimen. A pesar de la prédica de “regeneración” destacada en los discursos inaugurales de las modernas penitenciarías, nunca relegarían su intrínseco componente segregativo ni renunciarían a la idea, a pesar de las fórmulas constitucionales, de que la cárcel era un lugar de punición. Esto se potenciaría con los altos índices de superpoblación y hacinamiento que tendieron a producirse rápidamente y que no se subsanaron con la inauguración de nuevos establecimientos. Paulatinamente fue perdiendo vigor el discurso de la rehabilitación para dar lugar al posicionamiento que pensaba a la prisión, ante todo, como una herramienta de defensa social, con sus muros como barrera. En este sentido, la persistencia de las fugas fue vista como un doble quebrantamiento de los objetivos esenciales que las penitenciarías debían cumplir: “regeneración” y “defensa social”.

A los ojos de los gobiernos de los dos países estudiados, las fugas desnudaban el fracaso de las administraciones penitenciarias en el cumplimiento de sus deberes. Cada evasión, a través de la difusión por la prensa, ponía en el centro de la atención a las autoridades carcelarias y a las prisiones. Sin embargo, el estudio del número de fugas –aunque pueda resultar alto– parece revelar una tendencia a un decrecimiento de las acciones que se producen desde los nuevos establecimientos. Especialmente, si lo comparamos con las que se producían en los edificios pre-penitenciarios.⁴⁵ Asimismo, si desglosamos las evasiones considerando el espacio desde donde se efectuaron, es posible constatar que sólo un número reducido se realizó desde el interior mismo de las penitenciarías. La mayor parte de ellas se efectuaron desde áreas periféricas, como jardines y talleres, y fueron protagonizadas por presos que, por sus características o tareas, tenían una circulación menos restringida. O directamente se produjeron desde espacios fuera de la prisión como las canteras, obras públicas (caminos, parques o cementerios), hospitales o aprovechando el traslado hacia los tribunales. Es decir, las evasiones no representaron exclusivamente un problema de la “arquitectura de la seguridad”, sino que fueron parte inherente de la dinámica de funcionamiento de las prisiones. Difíciles de comprender sin considerar las relaciones no reguladas entre internos y guardias, que permitían comunicaciones e intercambios expresamente prohibidos en los reglamentos. Constituyeron formas de resistencia abierta que fueron posibles gracias al éxito de múltiples resistencias cotidianas. Estas pequeñas acciones (muchas veces silenciosas y casi imperceptibles) operaron frecuentemente en dirección a distender el control, a vulnerar la vigilancia, a generar la oportunidad de la fuga. Ciertas evasiones, por su masividad o por características particulares que multiplicaron sus repercusiones, tensionaron de manera extrema a las administraciones penitenciarias e impulsaron cambios que llevaron a apostar por una gestión más profesionalizada (que permitiera desarticular las dinámicas que hacían posibles las fugas) y, progresivamente, a directores no ligados a la órbita militar como se empezará a observar a partir de la década de 1930, tanto en Argentina como en Uruguay. En el año 1933 ambos países crearon organismos centralizados para coordinar las políticas administrativas y arquitectónicas de las prisiones bautizadas con el mismo nombre: “Dirección General de Institutos Penales”. Una creada por Ley 11833 en Argentina y la otra por decreto de 19 de octubre de 1933 en Uruguay. Las provincias argentinas también crearon sus organismos centralizados: Córdoba en 1929, Buenos Aires en 1937, Santa Fe en 1938, Tucumán en 1948. Se trataba de un fenómeno que estaba produciéndose en varios países de Sudamérica, como Perú, 1929, y Chile, 1930. A partir de entonces, una de las principales preocupaciones de las nuevas administraciones sería, precisamente, terminar con las dinámicas que hacían posibles las fugas y otras formas de resistencia que, en conjunto, horadaban la misión que las penitenciarías debían llevar adelante.

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Notas

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