Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el período 1966- 1982, en la etapa previa al conflicto bélico de 1982, en relación a la cuestión de las Islas Malvinas. Al mismo tiempo se hace foco en la influencia del lobby isleño, conformado principalmente por el comité isleño y la compañía, denominada Falklands Islands Company (FIC), sobre la política británica hacia Malvinas y sus repercusiones en las negociaciones con la Argentina. En consonancia con esto, la cuestión de los hidrocarburos jugó un rol clave.

La Argentina y el Reino Unido (RU) iniciaron negociaciones de conformidad con la Resolución N° 2065, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1965, para resolver la cuestión de las Islas Malvinas. La mencionada resolución hace referencia a la existencia de una controversia entre la Argentina y RU por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marinos correspondientes. A su vez, instó a ambas naciones a buscar una solución pacífica respetando los intereses de los habitantes de las Malvinas.

Durante el proceso negociador estudiado en este escrito, la política exterior británica hacia Malvinas estuvo influenciada por el lobby isleño constituido, principalmente, por la FIC y el comité de las Islas. Estos actores no gubernamentales británicos poseían intereses en las Islas y en esta región del Atlántico Sur (AS). Entre sus objetivos, buscaban obstaculizar cualquier intento de acuerdo entre la Argentina y RU relativo a la soberanía sobre las Islas Malvinas, y sus zonas de influencia, y mantenerlas bajo la órbita del poderío británico.

Las relaciones diplomáticas y las tratativas vinculadas con Malvinas fueron interrumpidas por el conflicto bélico del Atlántico Sur entre los meses de abril y junio del año 1982.¹

A los fines del presente trabajo realizamos algunas aclaraciones conceptuales.

La expresión lobby (o cabildeo) proviene del idioma inglés a fines del siglo XVIII. Se empleaba para referirse al vestíbulo o salón de espera, ya que el acceso a los ciudadanos a la Cámara de los Comunes estaba prohibido, por lo que se celebraban reuniones con los diputados en los pasillos o en las salas de espera del Parlamento, denominadas en inglés lobbies (Oliver González, 2019).

El Reino Unido apoyó históricamente la autorregulación del sector profesional del lobbying, especialmente los lobbies referidos a la transparencia en su relación con el sector público. Recién en el año 2014 el Reino Unido aprobó la Ley de transparencia del cabildeo (Transparency of Lobbying Act). Entre sus fines se encuentran introducir un registro obligatorio de los grupos de lobbies y establecer un Registrador para hacer cumplir los requisitos de este registro; supervisar los gastos de partidos políticos en campañas electorales, especialmente de aquellos grupos que no se presentan a elecciones o no se encuentran registrados como partidos políticos; y demandar la actualización y fortalecimiento de los registros legales impuestos a los sindicatos y gremios respecto de sus miembros y grupos de intereses.

En relación con ello, en 2015 se creó la Oficina de registro de los consultores lobistas (Office of the Registrar of Consultant Lobbyists) para garantizar la transparencia en el trabajo de los grupos de presión y de los consultores lobistas respecto de los compromisos con ministros, secretarios y parlamentarios y ante terceros representados por estos grupos, así como para que el público pueda acceder a la información de una manera clara y fácilmente comprensible.

Entendemos por hidrocarburos los compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, y que pueden presentarse en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y/o sólidos. El petróleo crudo, en cualquiera de sus formas, y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos, y pueden encontrarse en los subsuelos marinos y en los continentales. Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para uso industrial y para los hogares.

En este trabajo hacemos referencia al petróleo y al gas, específicamente a las posibles reservas de las cuencas marinas ubicadas alrededor de las Islas Malvinas. En general se toman en cuenta tres factores para estimar los tipos de reservas: la calidad del yacimiento y la existencia de hidrocarburos, la tecnología necesaria para extraerlos y los factores económicos de comercialidad.

Las negociaciones bilaterales desde la aprobación de la Resolución 2065 hasta 1968

En consonancia con la Resolución N° 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, el gobierno argentino invitó formalmente al RU a iniciar las negociaciones recomendadas por la comunidad internacional para alcanzar la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, más el lecho y subsuelo y espacios circundantes.

Esto significó que, por primera vez desde la invasión británica en el año 1833, el Reino Unido modifico su posición y decidió sentarse a la mesa de negociaciones con la Argentina para resolver la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.² Al mismo tiempo, el gobierno británico se comprometió a encontrar una solución en forma pacífica y respetando los intereses de los habitantes de las islas, en conformidad con el mandato de la Resolución N° 2065.

Desde el año 1833 la Argentina invocó el principio de integridad territorial y reclamó al RU la restitución del ejercicio efectivo de la soberanía sobre sus espacios insulares y marítimos en disputa. Esto también incluía los recursos naturales existentes en la zona.

En este contexto comenzó el proceso de negociación encabezado por el secretario de relaciones exteriores británico en Buenos Aires, Michael Stewart, y el ministro de relaciones exteriores de Argentina, Miguel Zabala Ortiz. Ambos delegados efectuaron un intercambio de puntos de vista y reiteraron posiciones de sus respectivos gobiernos. De igual forma, “emitieron un comunicado conjunto expresando que el objetivo común era solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los isleños” (Lanús, 2016, pp. 52-53). Al mismo tiempo, los respectivos funcionarios transmitieron esta decisión al secretario general de la ONU.

En el marco de las negociaciones bilaterales, el embajador argentino en Londres, Eduardo Mc Loughlin, y el ministro de Estado para relaciones exteriores británico, lord Chalfont, acordaron un borrador de un Memorándum de Entendimiento. Entre los puntos principales del mencionado Memorándum se enunciaba:

El objetivo es solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa sobre la soberanía, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas. A fin de crear las condiciones en las que pueda alcanzarse ese objetivo, los dos gobiernos se proponen realizar rápidos progresos con medidas prácticas para promover la libertad de comunicaciones y movimiento entre el territorio continental y las Islas, en ambas direcciones, de un modo tal que estimule el desarrollo de vínculos culturales, económicos y otros (…). (Memorándum de Entendimiento, 1968, párr. 2)

El citado borrador del Memorándum también expresaba:

A tal efecto y en el deseo de contribuir a esa solución, el gobierno de la República Argentina promoverá la libre comunicación y movimiento entre el continente y las Islas y el gobierno del Reino Unido colaborará en la ejecución de esta política. Las discusiones sobre las medidas prácticas a adoptarse tendrán lugar de inmediato en Buenos Aires (…). (Memorándum de Entendimiento, 1968, párr. 3)

Un punto clave de este escrito indicaba:

El gobierno del Reino Unido, como parte de esa solución final, reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las Islas a partir de una fecha a ser convenida tan pronto como sea posible después de que (i) los dos gobiernos hayan resuelto la actual divergencia entre ellos respecto del criterio conforme al cual el gobierno del Reino Unido considerará si los intereses de los isleños estarían asegurados por las salvaguardias y garantías a ser ofrecidas por el gobierno argentino y (ii) el gobierno del Reino Unido se halle entonces satisfecho de que aquellos intereses estén asegurados así (…) (Memorándum de Entendimiento, 1968, párr. 4).

Como señala Lanús (1984), las negociaciones que se llevaron a cabo durante este período fueron largas, algunas formales, otras secretas, y se dieron principalmente en Londres.

A finales del año 1968 una copia del citado Memorándum llegó a los integrantes del Consejo Ejecutivo isleño, que presentaron su disconformidad.³ En este sentido, se constituyó el denominado lobby isleño, que influyó en el Parlamento británico y en los medios de comunicación, induciendo al Reino Unido a abandonar el posible arreglo y, en consecuencia, las negociaciones por la soberanía con Argentina quedaron en suspenso.

Más allá de lo acontecido con el mencionado Memorándum, este período de negociaciones sobre la cuestión Malvinas fue relevante para nuestro país, ya que durante casi dos años se discutió un tema fundamental, que es la soberanía. En esta etapa ambos gobiernos estuvieron cerca de conseguir una resolución pacífica de la controversia bilateral.

Como afirma Lanús (1984), el fracaso de estas negociaciones no invalida la importancia que tuvieron estas tratativas para nuestro país. Una larga etapa de silencio inglés, previa a 1965, fue interrumpida con una negociación que logró concertar un Memorándum en el que figuraba la palabra “soberanía” y que había dejado entrever la posibilidad de la transferencia de las Islas.

La Declaración conjunta de 1971

Luego del revés del Memorándum de entendimiento de 1968 se buscó un nuevo enfoque de las relaciones bilaterales, centrado en lograr un acuerdo sobre medidas prácticas como las comunicaciones entre la Argentina continental y las Islas Malvinas. Estas conversaciones especiales se desarrollaron a lo largo de la década de los setenta y ambas partes hicieron una reserva recíproca sobre las respectivas posiciones en materia de soberanía.

Durante las tratativas de los años setenta, RU sostuvo que no se trataba de una negociación sino de conversaciones o discusiones, y que el establecimiento de comunicaciones con las Islas representaba el tema de discusión central. Sin embargo, para la Argentina las cuestiones prácticas sólo significaban un elemento marginal, ya que lo sustantivo residió en la discusión de la soberanía (Moneta, 1982).

De acuerdo con Cassese (2005), los británicos propusieron a los argentinos emplear una política de seducción, según la cual habría que demostrarles a los isleños los beneficios de una relación más próxima con la Argentina. Cabe señalar que, en aquellas décadas, las Islas Malvinas estaban subdesarrolladas en términos económicos y sociales, y la situación tendía a desmejorar.⁴ En este sentido, las Islas dependían de la ayuda externa tanto para su subsistencia como para su defensa. Al mismo tiempo, sus habitantes padecían de depresión y altos niveles de alcoholismo. De acuerdo con el Informe Shackleton, la dependencia de Gran Bretaña había impedido no sólo el desarrollo económico sino también el social, lo que había provocado una situación de estancamiento general.

En este marco, ambos países firmaron la Declaración conjunta sobre comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Este compromiso fue acordado bajo la fórmula que preservaba las posiciones de cada parte en materia de soberanía, por intercambio de notas reversales que expresaban:

a) Si bien subsiste divergencia entre los dos Gobiernos en cuanto a las circunstancias que deberían existir para una solución definitiva de la disputa acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de lo contenido en la Declaración Conjunta antes citada, y aprobada por nuestros dos Gobiernos en el día de la fecha, podrá ser interpretado como: i) Una renuncia por cualquiera de los dos Gobiernos a derecho alguno de soberanía territorial sobre las Islas Malvinas; ii) Un reconocimiento o apoyo de la posición del otro Gobierno acerca de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas. b) Ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia de haber sido puesta en ejecución la Declaración Conjunta antes mencionada y mientras ella esté en ejecución podrá constituir fundamento para afirmar, apoyar o denegar, la posición de cualquiera de los dos Gobiernos acerca de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas (Notas, 1971)

La Declaración conjunta suscripta en 1971 buscó facilitar el movimiento de personas y bienes entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, en ambas direcciones, con el fin de promover el establecimiento de vínculos culturales, sociales y económicos.

En relación con ello, el punto 5 de esta Declaración establece:

El gobierno argentino tomará medidas necesarias para que todo residente en las Islas Malvinas que establezca su domicilio en el territorio continental argentino pueda ingresar por una sola vez, libre de derechos e impuestos, todos sus efectos personales, del hogar y un automóvil. Igualmente, el gobierno británico tomará las medidas necesarias para que todo residente en territorio continental argentino que establezca su domicilio en las Islas Malvinas pueda ingresar, por una sola vez, libre de derechos e impuestos, todos sus efectos personales, del hogar y un automóvil (Declaración conjunta, 1971, p. 3).

Los acuerdos alcanzados fueron comunicados al secretario general de la ONU, señalando que las medidas adoptadas por los dos gobiernos tenían en cuenta los intereses de la población de las Islas en conformidad con la Resolución N° 2065.

En cumplimiento con lo pactado en la mencionada Declaración conjunta, el Estado argentino, por medio del equipo de la Fuerza Aérea Argentina, llevó a cabo la construcción de un aeródromo provisional (1972), y la compañía Líneas Aéreas del Estado (LADE) comenzó a prestar un servicio aéreo entre las Islas y el territorio continental argentino.

En relación con ello, el gobierno argentino otorgó becas a los isleños para estudiar en el territorio continental, envió maestras argentinas para que enseñasen el idioma español en las Islas, estableció comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, y favoreció el turismo y el intercambio cultural. También aprobó la emisión de un documento que les permitía a los isleños ingresar y desplazarse por el territorio continental (Lanús, 1984).

En el mismo orden, se proporcionaron servicios de salud de traslado y asistencia médica gratuita en el Hospital Británico para aquellos isleños que los necesitasen (Caplan y Eissa, 2015). A su vez, la empresa estatal argentina de combustibles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), proporcionó combustible y lubricantes a las Islas, y lo mismo hizo Gas del Estado, que suministró gas licuado (Silenzi de Stagni, 1982).

En líneas generales, la Argentina, por medio de esta Declaración de 1971, cumplió con lo pactado en sus compromisos bilaterales con RU mostrando buena fe y avanzando en la cooperación con las Islas en materia de comunicaciones, salud, educación, energía y agricultura. En este sentido, el Estado argentino mostró interés en garantizar las comunicaciones entre el continente y las Islas, cuestión que la contraparte británica no estuvo dispuesta a realizar, ya que implicaba una inversión importante que no quiso asumir.

Este progreso en el establecimiento de las comunicaciones con las Islas no significó que el gobierno argentino dejara a un lado el objetivo principal, que consiste en recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre estos espacios insulares y marítimos. En relación con ello, si bien se produjeron avances en las cuestiones prácticas, como las comunicaciones, también hubo discusiones acerca de alternativas referidas a la soberanía sobre las Islas, aunque no lograron prosperar.

Durante el período 1973-1976, y en el marco de la ONU, la Argentina denunció la falta de avances de las tratativas con RU. En este sentido, la Cancillería argentina desarrolló una intensa acción diplomática impulsando la aprobación de la Resolución N° 3160 (XXVIII) en la Asamblea General. Esta resolución reconoció "los continuos esfuerzos realizados por el gobierno argentino" y declaraba "la necesidad de que se aceleren las negociaciones previstas en la Resolución N° 2065 (XX) (...) para arribar a una solución pacífica de la disputa de soberanía existente" (Resolución N° 3160, 1973).

En el mismo orden, la Asamblea General de la ONU, reconociendo los continuos esfuerzos realizados por el gobierno argentino, y en conformidad con las decisiones pertinentes de dicho órgano para facilitar el proceso de descolonización, aprobó la Resolución N° 31/49. En ella solicitó a los dos gobiernos -argentino y británico- acelerar las negociaciones relativas a la disputa de soberanía. También “insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas” (Resolución N° 31/49, 1976).

Las propuestas de condominio y arriendo

Durante la década de los años setenta se desarrollaron reuniones informales y exploratorias en las cuales el Reino Unido propuso dos líneas paralelas de negociación: una sobre cooperación económica y otra sobre una futura relación entre las Islas Malvinas y la Argentina dentro de la cual podía plantearse el tema de la soberanía.

Luego de las misiones geológicas exploratorias realizadas en la zona de las Islas se incrementó el interés del gobierno británico para negociar acuerdos de tipo económico con su par argentino. En particular, para desarrollar actividades conjuntas de exploración y explotación de petróleo y gas en las cuencas marinas alrededor de las Islas Malvinas.

En el año 1974 el gobierno británico presentó una propuesta para establecer un condominio anglo-argentino en las Islas Malvinas como paso previo a una solución de la disputa de soberanía, sobre la base de conversaciones confidenciales.⁵ Esta idea fue recibida con interés por el gobierno argentino, que presentó una propuesta de administración conjunta, que tomaba los principales elementos de la formulación británica y la complementaba con otros que no habían sido contemplados. Sin embargo, esta propuesta no prosperó (Lanús, 2016).

Entre los años 1977 y 1980 se llevaron a cabo rondas de reuniones entre ambas delegaciones, algunas de ellas secretas y otras, oficiales.⁶ En el marco de estos encuentros se consideraron varios temas vinculados con Malvinas; entre ellos, se discutieron la soberanía y cuestiones económicas.

En este contexto, la Argentina presentó un proyecto de cooperación científica en las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Sin embargo, este proyecto argentino fue rechazado por el Consejo Legislativo de las Islas y, por tanto, por el gobierno inglés. De esta forma quedó demostrado que la delegación británica condicionaba “su acción diplomática a la aceptación por parte de los isleños de cualquier acuerdo con Argentina” (Lanús, 2016, p. 82).

En el año 1980 la delegación británica propuso el mantenimiento de conversaciones secretas y exploratorias sobre la base de un reconocimiento, o transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina, y un arriendo simultáneo por parte de esta al Reino Unido, por un período determinado.

El gobierno liderado por la primera ministra británica, Margaret Thatcher, envió a las Islas al subsecretario regional de la corona, Nicholas Ridley, quien las había visitado el año anterior, para consultar la opinión de los isleños sobre un posible arrendamiento. En dicha misión, Ridley les preguntó a los habitantes de las islas por las siguientes alternativas: 1) reconocer la soberanía argentina a cambio de un contrato de arriendo en favor del Reino Unido por un período a determinar (lease back); 2) el condominio; 3) el congelamiento de la discusión sobre la soberanía (Moneta, 1982). Los isleños rechazaron la propuesta del arrendamiento y propusieron congelar la discusión sobre la soberanía.

Cuando Ridley regresó a Londres y presentó la opción del arriendo ante la Cámara de los Comunes fue atacado y hostigado por los representantes del Partido Conservador y los del Laborista, que rechazaron esta idea. Finalmente, el funcionario renunció a su cargo. Una de las causas que produjeron estos hechos fueron los intereses del comité isleño y de la FIC, que expresaron su oposición a cualquier acuerdo con la Argentina, y se manifestaron a favor del congelamiento de la discusión sobre la soberanía.

En este sentido, se observa el condicionamiento del lobby isleño, constituido principalmente por estos dos actores, sobre la política británica hacia las cuestiones relacionadas con Malvinas.

En relación con ello, y luego de las gestiones de Ridley, los espacios de conversación bilaterales quedaron debilitados, y “(…) el futuro del acuerdo de lease back quedó en la voluntad de los isleños, siendo evidente el poder de influencia que tuvieron para torcer los resultados en el Parlamento a partir de la acción del lobby en la opinión pública” (Cali, 2022, p. 10).

En 1981 la delegación británica presentó la propuesta de congelar la discusión sobre soberanía a su par argentina, que fue categóricamente rechazada. Desde entonces hasta la actualidad RU abandonó todo propósito de negociar seriamente el tema de la soberanía con nuestro país.

Durante las discusiones que mantuvo Ridley con funcionarios británicos, en el marco de la propuesta de arrendamiento con la Argentina, se discutió el tema del petróleo y cómo el gobierno británico podría garantizar su acceso a este recurso natural.

En este sentido, el comité isleño radicado en Londres presionó a favor de la exploración de petróleo, ya que dicha comisión mantenía vínculos con la FIC y otras empresas privadas que se beneficiarían de esta actividad económica. Sin embargo, este comité exageró el potencial económico de los recursos para ganar el apoyo político en Gran Bretaña, comparando las reservas en Malvinas con las del Mar del Norte (Livingstone, 2020).

En el marco de las conversaciones anglo-argentina sobre el posible arrendamiento, algunas compañías con intereses económicos en Malvinas mostraron su preocupación frente a un posible acuerdo (Livingstone, 2020).

El lobby isleño

Durante el período de negociaciones anglo-argentinas, iniciado en el año 1966 hasta 1982, cuando tuvo lugar el conflicto del Atlántico Sur, se destacó la influencia del lobby isleño, integrado principalmente por el comité isleño y la FIC Malvinas.

En el año 1968 miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo de las islas recibieron una copia del borrador del Memorándum de Entendimiento que estaban negociando las delegaciones argentina y británica en confidencialidad.

Frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de soberanía con la Argentina, se conformó un comité de emergencia isleño (Falkland Islands Emergency Committee, en inglés). Este comité nucleaba a diversas personas y grupos con intereses en las Islas Malvinas y se manifestó contrario a todo avance referido a un posible reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas (Gamba, 2016).

En este sentido, Gamba (2016) resalta que el comité no estaba compuesto por isleños que habitaban en forma permanente (aproximadamente 2000), ni por trabajadores rurales, sino por accionistas integrantes de la Falkland Islands Company. Esto demuestra que el comité patrocinaba y defendía sus propios intereses financieros y comerciales corporativos, y no a los habitantes de las Islas.

Esta compañía británica se fundó a mediados del siglo XIX, cuando la reina Victoria le otorgó una Carta Real para el comercio, el 10 de enero de 1852. Sus objetivos eran la doma del ganado salvaje, el desarrollo de la ganadería ovina, el establecimiento de un almacén general y la provisión de comunicaciones postales regulares dentro de las Islas y con el continente. Con los años fue creciendo y se transformó en una empresa monopólica que abarcó diversas actividades comerciales, como la propiedad de muelles, red de comunicaciones, hoteles y una flota de barcos, y del negocio bancario de todos los agricultores de las Islas, entre otras. En el mismo orden, esta sociedad era propietaria del barco Darwin, era el único que realizaba un servicio regular de pasajeros y de carga entre las Islas Malvinas y América del Sur continental. Pero a fines de la década de los setenta la FIC anunció el retiro del buque de carga y pasajeros RMS Darwin.

En líneas generales, la esta compañía, ejerció un monopolio sobre áreas vitales de la economía y sobre la vida de las Islas, ya que poseía el 46 % de la tierra. A su vez, era la encargada de vender la lana, que constituía el principal producto de exportación de las Islas (hasta la década de los años ochenta del siglo XX).

El comité isleño inició una operación publicitaria con algunos periódicos asociados, como el Daily Telegraph, que informó en sus páginas que el gobierno británico estaba entregando las Islas.

En relación con ello, Ellerby (1990) señala que esta campaña buscaba llamar la atención y apelar al sentimiento británico imperial. El objetivo era enfatizar la idea de que súbitos británicos serían entregados a otro país, y que no habían sido consultados acerca de su futuro. Entre otras actividades, los miembros de este comité enviaron cartas informando a los isleños sobre los acontecimientos ocurridos en las negociaciones bilaterales.

Esta campaña mediática no se limitó sólo a las Islas, sino que también se localizó en puntos estratégicos en Londres, y “permitió entablar fluidos contactos con miembros de la Commonwealth y con ministros del Parlamento británico, y también, manipular a la prensa” (Colombo y D´Elia, 2019, p. 85).

Este contexto provocó una situación de alerta dentro del parlamento británico, que solicitó explicaciones al Foreign Office. En diciembre de 1968 el secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos de la Commonwealth, Michael Stewart, realizó declaraciones referidas al Memorándum ante la Cámara de los Comunes: “(…) Existe una divergencia básica respecto a la insistencia del gobierno de Su Majestad en que no podrá haber transferencia de soberanía contra los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas” (Lanús, 1984, p. 198).

Cabe señalar que un punto de discrepancia entre ambas partes estuvo ligado a la negativa del gobierno argentino a aceptar una declaración unilateral con el Memorándum de Entendimiento vinculada con los deseos de los isleños. Al respecto, la Argentina nunca aceptó una declaración que usara la expresión “deseos”, ya que la Resolución N° 2065 se refiere a los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas.

De esta forma, el gobierno británico decidió abandonar el Memorándum de Entendimiento. El accionar del lobby isleño obstaculizó su firma y también provocó que el gobierno británico postergase –en consecuencia- la resolución de la controversia de soberanía sobre las Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Históricamente, la FIC manejó la economía de las Islas y mantuvo también injerencia sobre el gobierno británico en Londres y sobre el Consejo y el gobernador de las Islas. Con el tiempo se transformó en un poder paralelo a la autoridad colonial británica, que condicionó las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido (Gamba, 1984).

En este sentido, este actor tuvo un rol clave contra la firma del Memorándum de 1968, por sus intereses económicos en las Islas. Bernal, citando la revista británica Newsweek, indicó que para el año 1982 “el 80 % del empleo no gubernamental era captado por la FIC” (2011, p. 55).⁷

En sintonía con esto, y de acuerdo con Gamba (1984), el comité de las Islas y la FIC condicionaron la política exterior británica a sus propios deseos. Este lobby fue el más interesado en bloquear cualquier acuerdo que pudiera consumar RU con Argentina.

El factor hidrocarburos en las relaciones bilaterales

Algunos autores (Gamba, 1984, 2016; Bernal, 2011; Lanús, 2016) sostienen que desde la década de los años setenta se introdujo un nuevo factor en las negociaciones bilaterales sobre Malvinas: los hidrocarburos.

Entre los años 1973 y 1974 los precios mundiales del petróleo se cuadriplicaron después del embargo producido por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esto provocó un mayor interés por parte del RU sobre las potenciales reservas de petróleo y gas del Atlántico Sur circundantes a las Islas Malvinas.

En este contexto, el gobierno británico llevó adelante una serie de misiones económicas para relevar el potencial comercial de la zona bajo disputa. Así, en el año 1971 se encargó a expertos de la Universidad de Birmingham un estudio geológico del área circundante a las Islas. El resultado de esta investigación fue el documento Geology of the region around the Falkland Islands, conocido como Informe Griffiths, publicado cinco años más tarde. Este trabajo señaló las cuencas de San Jorge y Magallánica como las más promisorias para la existencia de yacimientos de petróleo y gas. También reveló que similares sedimentos se encontraban en la zona oriental de las Islas Malvinas (Pinto, 1992, p. 123).

En consonancia, el gobierno británico encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores una misión encabezada por Lord Shackleton y destinada a relevar el potencial económico de las Islas Malvinas (Figueroa, 1982).

El 19 de marzo de 1975 la Cancillería argentina había emitido un comunicado donde no reconocía ningún tipo de derecho de exploración o explotación sobre los recursos naturales esta zona del Atlántico Sur. Pese a la oposición argentina, el Reino Unido envió una misión comercial que arribó a las Islas en enero de 1976. Esto provocó un intercambio diplomático y culminó con el retiro del embajador argentino en Londres y se solicitó el relevo del representante diplomático británico en Buenos Aires.

Un mes después se produjo un incidente cuando el buque de investigación científica R.R.S. Shackleton, propiedad del National Environmental Research Council del Reino Unido, realizaba relevamientos geofísicos y geológicos en los espacios marítimos aledaños a las Islas Georgias del Sur y Sandwichdel Sur y en aguas antárticas. La embarcación fue interceptada el 4 de febrero por el destructor argentino ARA Almirante Storni cuando se encontraba dentro del límite de las 200 millas náuticas que pertenecían a la jurisdicción argentina. El capitán del buque británico ignoró la intimación de detener su marcha. De acuerdo a los procedimientos habituales se le hizo una advertencia y, sin respuesta alguna, se lo persiguió hasta que se aproximó a las Islas Malvinas. Esos incidentes provocaron que las negociaciones entre ambos países quedaran en suspenso (Moneta, 1982).

De acuerdo con los resultados de la investigación presentada por el Informe Shackleton, las islas se encuentran rodeadas por un mar que podría contar con los mayores recursos mundiales inexplotados de proteínas, ictícolas, algas marinas, entre otros. A su vez, este Informe señaló que la exploración y posible explotación de hidrocarburos tendría lugar en zona que se encuentra bajo una disputa de soberanía internacional. Este documento abordó diversas temáticas, como el desarrollo de la producción láctea y hortícola, y el de un gobierno local, entre otras. Aconsejó también “el establecimiento de vuelos directos a las islas Malvinas y una estrecha cooperación con Argentina” (Greño Velasco, 1977, p.32).

Las aspiraciones británicas sobre los hidrocarburos provocaron incidentes con la Argentina, que tensionaron los vínculos diplomáticos. De esta forma, los recursos energéticos formaron parte de las conversaciones anglo-argentinas en el marco de la disputa por la soberanía sobre las islas.

En relación con ello, y de acuerdo con Bernal (2011, p. 27), dentro de las relaciones bilaterales “un nuevo factor empantanaba las negociaciones y aceleraba su deterioro. Este factor eran los recursos naturales contenidos en el archipiélago malvinense”.

El Departamento de Energía del gobierno británico se mostró interesado en la posible existencia de hidrocarburos alrededor de Malvinas. En este sentido, esta agencia gubernamental actuó como defensora de las compañías petroleras británicas, y de los intereses del Estado británico vinculados al petróleo, para garantizar su acceso a estos recursos y el máximo beneficio posible (Livingstone, 2020).

Lo cierto es que, si bien las grandes compañías estaban interesadas en participar del negocio petrolero, guardaban cierta mesura a causa de la disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina sobre las islas Malvinas. Las grandes sociedades como British Petroleum(BP) y Shell mantuvieron un contacto informal con el Departamento de Energía británico y con el Foreign and Commonwealth Office (FCO). Sin embargo, estas empresas creían que la exploración de gas y petróleo en suelos y subsuelos circundantes a las Malvinas sin un acuerdo con la Argentina podría generar problemas legales e, incluso, afectar sus negocios en América Latina (Livingstone, 2020).

Por su parte, algunas firmas más pequeñas continuaron presionando al gobierno británico para tener acceso a esta zona en disputa (Pinto, 1992).

Es necesario, también, tener en cuenta algunos elementos que desalentaron este tipo de trabajos, como la escasa información geológica con que se contaba en aquel momento sobre esta zona del Atlántico Sur. Los informes geológicos recabados mostraban que para acceder a los depósitos de hidrocarburos en aguas profundas se necesitaría una tecnología más avanzada.

El Informe Shackleton recomendaba contar con la cooperación argentina para desarrollar las actividades de exploración y posible explotación de gas y petróleo en áreas circundantes a las islas. Por ello, en este período tanto los funcionarios oficiales como las empresas británicas creían que sería políticamente imposible explotar el petróleo unilateralmente, y así buscaron obtener el acceso mediante la cooperación conjunta con la Argentina.

En este marco, y ante el interés británico por el desarrollo de actividades exploratorias en el AS, ejecutivos de BP visitaron la Argentina a fines de 1976 y se reunieron con el ministro de Energía de la dictadura militar y también con ejecutivos de empresas petroleras argentinas. En estos encuentros, funcionarios del Departamento de Energía británico acompañaron a la delegación de la BP. De la misma forma, en 1977 el secretario de Energía argentino, Daniel Brunella, se reunió en Londres con representantes de BP por invitación de las empresas petroleras Esso y Shell (Livingstone, 2020).

El ministro de Economía del proceso militar, Martínez de Hoz, viajó a Londres en diferentes oportunidades para explorar, entre otros temas, posibles actividades con los sectores comerciales y financieros. La junta militar estaba interesada en una posible cooperación económica con los británicos y en “la posibilidad de obtener el aporte financiero y tecnológico de las empresas petroleras transnacionales con base en Londres para la explotación de los hidrocarburos de las cuencas patagónicas y malvinense” (Moneta, 1982, p. 369).

En 1979, el ministro de Economía argentino ofreció una conferencia para empresarios y personalidades británicas, en la Royal Society of International Affairs, sobre las posibilidades de cooperación económica y transferencia de tecnología en el rubro petróleo y en otros sectores. En su visita, el funcionario argentino recorrió el yacimiento Brendt al este de Escocia (Moneta, 1982).

En relación con ello, y de acuerdo con Livingstone (2020), si bien el petróleo no determinó la política del gobierno británico hacia las Malvinas durante la década de los setenta, tanto el gobierno británico como las empresas británicas se mostraban interesadas ​​en el petróleo del Atlántico Sur.

En paralelo a las conversaciones referidas a la realización de actividades conjuntas de exploración y explotación de los recursos naturales, ambos gobiernos discutieron, también, propuestas de soberanía sobre las islas. Sin embargo, RU exhibió un mayor interés en avanzar sobre temas económicos como la exploración de hidrocarburos que en la cuestión de la soberanía.

Durante el año 1982 se realizaron rondas de negociaciones en Nueva York. En este marco, la delegación británica recomendó una propuesta que “propiciaba el establecimiento de una comisión negociadora que debería reunirse las primeras semanas de cada mes, alternadamente en cada capital, a fin de mantener la continuidad de la negociación” (Campagna, 2022, p. 139). Sin embargo, el régimen de facto dio por finalizada la etapa de negociaciones.

Conclusiones

Reino Unido se negaba a discutir el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas con Argentina desde su invasión en 1833. Sin embargo, luego de un arduo trabajo de la delegación diplomática argentina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución N° 2065, que representó un hito fundamental para la historia de nuestro país. Esta resolución instó a las partes a entablar negociaciones bilaterales para resolver la controversia por la soberanía respetando los intereses de los isleños.

Durante el período 1966-1968 ambos gobiernos negociaron la soberanía sobre Malvinas, e incluso, estuvieron cerca de firmar un Memorándum relativo a este punto. Sin embargo, el lobby isleño, principalmente la FIC y el comité isleño, influyeron sobre el Parlamento británico y la prensa para entorpecer todo posible acuerdo bilateral. Este lobby representaba los intereses financieros y económicos de los británicos en las islas. Como consecuencia de su accionar, el mencionado Memorándum de 1968 fue dejado a un lado. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que establecía comunicaciones aéreas entre las Islas y el continente.

En esa etapa, un factor relevante fueron los hidrocarburos localizados en las cuencas marinas aledañas a las Islas. En aquel momento, si bien no había demasiados estudios geológicos de la zona en cuestión, ya se evidenciaba el interés británico, tanto de las empresas petroleras como del Estado, para garantizar su acceso a estos recursos.

La política británica desconoció no sólo los reclamos argentinos sobre las Islas, sino también las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, que instaban a negociar y resolver la disputa por medios pacíficos. RU decidió supeditar las discusiones relativas a Malvinas a los intereses y pretensiones económicas de este lobby isleño.

La reivindicación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye uno de los principales temas de la política exterior argentina, que se ha mantenido como una línea de continuidad entre los diferentes gobiernos de turno. El pueblo argentino tiene como principal desafío continuar el reclamo sobre una parte del territorio nacional y exigir el cumplimiento del derecho internacional.

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Notas

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