Antecedentes a la fuga de la Penitenciaría Nacional

Apenas¹ caía la tarde sobre la Ciudad de Buenos Aires el 18 de agosto de 1923, cuando un grupo de penados logró evadir la seguridad de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires y escapó entre los alrededores de Palermo. El hecho cobró rápidamente un gran interés por parte de la prensa, casi al mismo tiempo en que las agencias de investigaciones de la Policía –tanto de la Capital como de Provincia– se lanzaban a dar con los prófugos entre las escasas pistas que dejaron. La presencia de uno de los anarquistas seguido más de cerca por la prensa entre los fugados, la centralidad de la Penitenciaría Nacional tanto en el espacio urbano de la ciudad como entre los discursos especializados sobre la cuestión penal y penitenciaria, y los tintes cinematográficos del suceso remarcaban el interés de un evento que visibilizó los límites de las políticas carcelarias de la época.

La inmediatez de los movimientos de investigadores y periodistas se debió, principalmente, a un dato concreto: las fugas en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires (en adelante, PN) no fueron frecuentes ni antes ni después, y mucho menos de manera grupal. Por lo tanto, es oportuno plantear algunas consideraciones para iluminar el contexto en el cual se inserta el episodio de 1923, que tienen que ver con las tensiones existentes en la dirección de la PN, los antecedentes del escape y la coyuntura en la cual este último se inscribe. En lo que concierne a estos tópicos, no es difícil sostener que la literatura especializada no ha dedicado un espacio central a las fugas sucedidas en una de las principales prisiones de la historia del castigo argentino. Entre los escasos abordajes al respecto, el trabajo de Lila Caimari se refiere al caso de la fuga de Ramón Silveyra primero y “los catorce” después, como parte del entramado periodístico del primer cuarto del siglo XX; dónde se conectan diferentes facetas del “universo penal” y las incipientes trazas urbanas de la prensa metropolitana y masiva. Una de las cuestiones que se abordan en aquel libro ya canónico de Caimari es la simpatía que se tracciona desde los diarios de Buenos Aires hacia los delincuentes, donde hay una evidente presencia de la audacia, la valentía y el empeño volcados en las fugas perpetradas (Caimari, 2004). Como excepción, el trabajo de divulgación publicado por Núñez y González Alvo (2014) recupera las características generales de la fuga abordada. Si bien los textos mencionados toman como referencia principal fuentes de prensa –fundamentalmente Crítica y Caras y Caretas–, este artículo pretende incorporar la fuga de 1923 dentro de una coyuntura más compleja. Partimos de pensar las fugas dentro de una categoría conceptual planteada como “insurrecciones”, definida por Gresham Sykes como una parte inherente de la cotidianeidad en prisión: son situaciones para nada accidentales, que delimitan los ciclos de orden y desorden de las instituciones penales. Los motines y las fugas son pensados como alteraciones a la trama sociohistórica de la penitenciaría, que modifican la estructura de esta y orientan la regularidad de su funcionamiento (Sykes, 2017).

Es conocido que incluso antes de su emplazamiento la PN ya se había conceptualizado como un edificio modelo.² La acalorada y nutrida discusión sobre su régimen, la planificación en su construcción y la disponibilidad de recursos por parte del gobierno de Buenos Aires, primero, y de la Nación, después, permitieron concebir y sostener una institución penal que sería presentada globalmente como el compromiso irrenunciable a la moderna reforma penitenciaria por parte de un emergente Estado argentino.³ Pese a su demorada construcción y puesta en funcionamiento en 1877, la nueva penitenciaría reunía un conjunto de características que al cabo de poco tiempo la consolidarían como un complejo vértice de intereses, tanto para estadistas como para criminólogos, penalistas, médicos legales y demás expertos vinculados a la cuestión criminal.

Más allá de cualquier pronóstico urbanístico o habitacional, para finales del siglo XIX el edificio de la PN ya se encontraba prácticamente rodeado de viviendas y comercios productos de un rápido y vertiginoso crecimiento metropolitano, a pesar de que su ubicación se había pensado a una distancia prudente del centro de aquel entonces. Bajo los argumentos teóricos de las políticas penitenciarias de la época los proyectos de demolición y traslado comenzaron poco después del 1900, aunque no dejaban de lado planteos en torno a la planificación urbana guiados principalmente por la revalorización de los terrenos circundantes.⁴ Como sostuvo la investigación de Matías Ruiz Díaz, la percepción de los espacios urbanos prontos a las prisiones implicó un conjunto de sensaciones y cuestionamientos al margen de la planificación de la ciudad (Ruiz Díaz, 2014). Quizá menos inminente que en décadas posteriores o en las fechas próximas a su demolición en 1961 –cuando la PN ya estaba fundida a la ciudad y rodeada de muchos de los edificios que hoy siguen en pie–, la urbanización de la zona fue innegable. Evidencia sencilla de esto último es la decisión del guardia encargado de la vigilancia del sector por dónde escaparían los penados en 1923, que optó por no dispararles a estos últimos argumentando que se encontraban varios civiles caminando en ese momento por la vereda (La Época, 21/8/1923, p. 6).

El espacio que abarcaba el penal porteño era realmente importante. Se trataba de un terreno de más de cien mil metros cuadrados –100.220,63 exactamente–, rodeados de un muro de circunvalación y contenidos por un enrejado de hierro que recorría las calles Juncal y Salguero y las avenidas Las Heras y Coronel Díaz. Sobre el territorio, Paz Anchorena citaba un informe encargado por la Dirección General de Institutos Penales en 1938:

Su situación, que era periférica en la época en que se construyó (…) es insostenible en la actualidad. Constituye un extenso islote rodeado de grandes barrios de viviendas que han avanzado en ese sentido del desarrollo urbano, realizando la unión con el núcleo antiguo de Belgrano. Constantemente se ponen en evidencia los inconvenientes que resultan de mantener el citado establecimiento carcelario en un barrio naturalmente adoptado por las casas de habitación. […] La localización de la Penitenciaría Nacional actual perjudica y desvaloriza al importante barrio que la circunda (Paz Anchorena, 1938, p. 317)

El primer proyecto de demolición y traslado de la PN fue presentado el 6 de junio de 1909 por el Horacio Beccar Varela (Inspector General de Justicia por aquellos años). Posteriormente, se evaluaron sucesivas pero diferentes propuestas en torno a este tópico en 1912, 1915, 1917, 1925, y 1933. Todas compartían, con menores o mayores desarrollos y justificaciones técnicos y teóricos, dos argumentos centrales: por un lado, la revaloración económica del terreno de la PN permitiría financiar en parte o totalmente la construcción de otro/s edificio/s penales de acuerdo con las necesidades del momento y, por otro lado, la urbanización de la zona próxima a la PN dificultaba el tratamiento penitenciario para aquellos recluidos condenados a penas largas, en gran parte por la proximidad con los vicios precoces característicos de la “mala vida” y la dificultad agregada que implicaba su vigilancia.

La primera fuga grupal de la PN sucede en un contexto de reconocimiento a nivel internacional de los alcances de la reforma penitenciaria y la observación criminológica local. Por un lado, las características arquitectónicas y las particularidades del modelo penitenciario de la PN ya habían sido presentados en los principales eventos internacionales sobre la materia en varias oportunidades, pese a que la idea de traslado y demolición ya se encontraba instalada, como mencionamos, a principios del siglo XX.⁵ Relacionado a esto último, las visitas de expertos internacionales también aportaron a la relevancia de la PN fronteras afuera (Scarzanella, 2015; Ruiz Díaz, 2016; Sansone, 2020), en gran parte debido a su ubicación próxima al casco urbano de la Ciudad: Gina Lombroso destaca entre sus notas cómo pudo conocer el zoológico y los bosques de Palermo, recorrer la PN en detalle y cenar en la avenida Corrientes en una misma tarde (Ferrero Lombroso, 1908). Asimismo, esta localización permitía la gran convocatoria de algunas iniciativas como el Instituto de Criminología, donde colaboraron de manera activa los principales expertos en este tópico. Fundado en 1907, la dirección del Instituto estuvo a cargo de José Ingenieros; y de Eusebio Gómez, Horacio Areco, Francisco de Veyga y Helvio Fernández, entre otros, como adscriptos.⁶

Pese a esta satisfactoria inserción entre las discusiones y reconocimientos globales, el penal porteño se encontraba en un momento ambiguo en cuanto a su dirección: tras el deceso de Antonio Ballvé en 1909, la gestión principal estuvo a cargo de manera interina por Rafael Súnico durante unos meses hasta la efectiva designación de Armando Claros por parte del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Claros había obtenido su doctorado en medicina en la UBA en 1891 con una tesis acerca de la leucemia. Posteriormente, se incorporó como ministro del gobierno provincial de Jujuy hasta ser electo diputado en 1898. Su acercamiento a la cuestión punitiva se dio entre 1906 y 1909, cuando se desempeñó como director del Asilo Correccional de Menores Varones de la Capital Federal (González Alvo, 2017; González y Núñez, 2020). En 1910 viajó a Washington a representar a Argentina en el VII Congreso Penitenciario Internacional. Sin embargo, su rol como director tuvo un gran traspié con la fuga del año siguiente: mientras se recuperaba de una dolencia física en Europa, en Buenos Aires se escapaban por primera vez un grupo de penados durante el interinato de Súnico.

Este escape marcó a fuego la representación de la PN como un edificio completamente infranqueable, e instaló un conjunto de cuestionamientos que derivarían en la conformación del Cuerpo de Guardiacárceles.⁷ Pero también, facilitó la conformación de una coyuntura de tensión al interior de la gestión penitenciaria del penal porteño, que tuvo que ver tanto con los antecedentes de los penados que se habían fugado como con las decisiones tomadas por el director interino respecto al episodio. Como sucedería poco más de una década después, la prensa puso en circulación las fotografías de frente y de perfil del grupo de fugados, así como sus antecedentes delictivos consignados en las respectivas fojas introductorias de sus fichas criminológicas. Fueron signados como los principales responsables de la fuga José Planes Virella y Francisco Solano Regis: español y argentino, 29 y 25 años respectivamente. El primero había atentado contra la vida del presidente Manuel Quintana, y el segundo, contra la existencia del presidente Figueroa Alcorta.⁸ Los uniría una confianza mutua sostenida por sus militancias ácratas y la suerte de haber coincidido en el taller de imprenta de la PN; aunque para Solano Regis la vida en el penal resultaría más dura. Cada aniversario del atentado debía permanecer diez días en reclusión solitaria (una costumbre que fue muy habitual entre las prisiones argentinas), motivo suficiente para planificar una fuga individual que fracasó en 1908.

El escape de Planes Virella y Solano Regis fortaleció los argumentos de los detractores del tratamiento penitenciario humanitario sostenido en la instrucción, la disciplina y el trabajo como la tríada fundamental para la regeneración del criminal. A través de la prensa se concentró un cuestionamiento dirigido al Tribunal de Conducta, desarrollado y puesto en práctica por el anterior director Ballvé. Se trataba de un sistema de calificaciones diseñado a partir del principio de sanciones/recompensas, que permitía a aquellos que se desempeñen de manera disciplinada la adjudicación de beneficios paulatinos y sucesivos a su comportamiento: un mayor número de correspondencia y visitas, luz nocturna, escoger los talleres de trabajo, o la posibilidad de mantener el pelo largo y no al rapé. Al contrario, las malas conductas a lo largo del tiempo implicaban la disminución de las retribuciones alcanzadas (Calandria y González, 2017; García Basalo, 1957). Tanto Planes Virella como Solano Regis ostentaban, pese al repudio generalizado que sus frustrados atentados habían despertado, un prolongado e ininterrumpido periodo de la mayor calificación posible: ejemplar. De no haber sido por el buen comportamiento sostenido a lo largo del tiempo en la penitenciaría, sus responsabilidades en los jardines de horticultura de la PN no se les habrían adjudicado. Las largas y pacientes horas sin vigilancia destinadas al cuidado de los rosales prontos al muro que daba a la calle Juncal posibilitaron la excavación del foso a través del cual escaparían, suponemos, hasta el final de sus días: de los trece penados que escaparon, fueron los únicos que jamás lograron ser recapturados.

Poco más de una década después, la incidencia que tenía la percepción del movimiento anarquista y el mundo de las prisiones persistía, como evidencia la primera fuga de Silveyra. El caso, ya recuperado en otras ocasiones, expone lo falible de la vigilancia de la PN en sus coyunturas críticas; al mismo tiempo que evidencia otros tópicos con respecto a las representaciones de la criminalidad en los años 1920. El 5 de abril de 1921 un explosivo de manufactura casera hizo detonación en una fideería ubicada en la calle Estados Unidos al 1800 de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la empresa Allande Hermanos (un conjunto de panaderías y confiterías propiedad de la familia homónima, y que contaba con varios establecimientos y sucursales de venta al público por aquellos años). El caso tomó rápida repercusión debido al fallecimiento de Modesta Calvo, quien solo había tenido la mala suerte de estar caminando por la zona mientras hacía las compras del día. Si bien las interpretaciones sobre el motivo del atentado se dividieron entre un conflicto ideológico y una prolongada deuda para con los trabajadores del establecimiento, la prensa se centró mucho más en la militancia ácrata de Ramón Silveyra –de veintitrés años de edad– que en la participación de los demás responsables del atentado: Juan Casablanca (un ex empleado del negocio que hirió a disparos a un oficial durante el escape de la fideería), Ramón Gambera y José Artacho (el conductor y el dueño del automóvil utilizado para llegar y huir rápidamente del lugar en el atentado y homicidio).

Por el protagonismo adjudicado a Silveyra en el caso, sabemos que fue condenado a veinte años de prisión a cumplirse efectivamente en la PN: era un militante anarquista conocido, con varias detenciones previas por uso de armas de fuego, lesiones y averiguación de antecedentes. Sin embargo, apenas unos cuantos meses después, comenzó a definir los trazos generales de lo que sería su primera fuga, el domingo 11 de marzo de 1923. Luego de que terminase el horario de visitas, los vigilantes realizaron el recuento de las tarjetas adjudicadas a las personas externas que ingresaban a los pabellones y notaron un faltante: a partir de ese momento se dio la alarma y la posterior supervisión de penados. No pudo siquiera evidenciarse a qué hora de la mañana podría haberse escapado Silveyra y por la gravedad del caso se ordenó la detención de subalcaide Ildefonso Pereyra, los empleados Vicente Podín y Albino Núñez y del conserje Ramón Peralta (El Diario, 12/3/1923, p. 12).

Silveyra logró evadir la vigilancia de la PN y escapar con un disfraz por la puerta principal de la avenida Las Heras.⁹ A partir de allí se trasladó a San Fernando, donde consiguió una lancha a nafta y navegó hacia la ciudad uruguaya de Carmelo hasta el 20 de marzo de 1923, cuando fue detenido por la Policía de Montevideo junto con Ángel di Pascuale –quien hospedaba al fugado–. El medio La Argentina publicó diariamente todos los telegramas que llegaban a Buenos Aires sobre el caso, a través de los cuales nos enteramos del paro de 48 horas realizado por chauffers al que llamó la Federación Obrera Regional Uruguaya con motivo de la detención de Silveyra. El 1 de abril se reunieron en la plaza Independencia más de dos mil personas manifestando su descontento con la posible extradición del anarquista bajo la amenaza de una huelga general indeterminada (La Argentina, 2/4/1923, p. 7). Recién el 7 de junio se acordó la extradición de Silveyra y su traslado a Buenos Aires, donde varios sindicatos acordaron llamar a un paro general (La Argentina, 7/6/1923, p. 1). Al respecto, la Federación Obrera Marítima adhirió a la medida de fuerza y buscó impedir el ingreso de cualquier vapor proveniente de Montevideo y, por este motivo, la seguridad portuaria se vio incrementada mientras más agrupaciones obreras se incorporaban a la huelga (La Argentina, 8/6/1923, p. 12). Finalmente, luego de dos días de paros y detenciones de ambos lados del Río de la Plata, Silveyra es ingresado en la PN nuevamente no sin antes brindar varias notas a medios como Caras y Caretas, que incluso envió un corresponsal especial a entrevistarlo para dar detalles al público argentino sobre la captura en medio de tierras inhóspitas: nadie sospechaba aún que a los pocos meses volvería a ser noticia en otra monumental fuga.

Apenas unos pocos días después del desembarco de Silveyra en Buenos Aires es asesinado Kurt Wilckens en la Prisión Nacional. Wilckens había sido públicamente conocido tras asesinar al teniente coronel Héctor Varela, una de las principales caras visibles en los sangrientos sucesos de Santa Cruz. El anarquista estuvo internado en el Hospital de la PN por las graves heridas percibidas luego del malogrado estallido de la bomba arrojada a Varela, a quien ultimó a disparos. Una vez que fue trasladado a la Prisión Nacional hasta que se le asignara una sentencia firme (Wilckens aún estaba en calidad de procesado), un guardiacárcel disparó contra él en su celda (La Argentina, 17/6/1923, p. 1). El hecho generó un amplísimo repudio y una huelga general de varios días de protesta, que se acrecentaría al hacerse público el fallecimiento del anarquista pocas horas después. Durante el sepelio se produjo un enfrentamiento que dejó el saldo de tres muertos y varios heridos (La Argentina, 18/6/1923, p.4; La Argentina, 21/6/1923, p.1).

Al retornar a Buenos Aires, Silveyra se encontraría con un panorama diferente con respecto a la situación de la PN. Por un lado, el 29 de abril el Ministerio de Justicia había decretado la intervención de la Penitenciaría debido a la sumatoria de denuncias realizadas por parte de los recluidos con respecto a malos tratos, que derivaron en una prolongada investigación sobre la gestión de Nicolás Menéndez y Aníbal Villamayor, director y vicedirector del penal respectivamente (El Diario, 28/4/1923 p. 5). La intervención fue encargada a Juan P. Ramos, por aquel entonces profesor titular de Derecho Penal en la UBA y principal impulsor del Centro de Estudios Penales –encargado principalmente del estudio técnico de la jurisprudencia desprendida del Código Penal sancionado poco tiempo antes– (González, 2017). Aunque había estado al frente de importantes instituciones como la Dirección de Inmigración, Ramos no contaba hasta ese momento con ningún tipo de experiencia en gestión penitenciaria.¹⁰ No resultaron inmediatamente conocidas las decisiones en su primer periodo como interventor: entre ellas, la remoción del Cuerpo de Guardiacárceles y su reemplazo por personal del cuerpo de bomberos (González, 2018). Este conjunto de elementos desató una situación conflictiva en múltiples estratos: por un lado, la cotidianeidad de la población penada estuvo mucho más limitada debido al refuerzo de los mecanismos más rudimentarios del disciplinamiento carcelario; por otro lado, el personal de la PN se encontró obligado no solo a trabajar a reglamento sino también a intercambiar espacios comunes con trabajadores que no formaban parte de la tradición penitenciaria.

En síntesis, para la primera mitad del año 1923 tuvieron lugar situaciones que ponían en evidencia los límites de la vigilancia en las prisiones de Buenos Aires. La fuga de Silveyra demostró la crisis en la gestión de la PN. Pese a la colaboración internacional de las fuerzas policiales era imposible matizar el fracaso en la principal función de una institución penal. La dirección volvía a ser el punto crítico de un edificio que despertaba tantos reconocimientos como cuestionamientos, en un momento de tensiones con respecto a la implementación de la nueva ley penal. El asesinato de una de las figuras más representativas del movimiento obrero anarquista resaltó una de las faltas más alevosas de la base orgánica del castigo en Argentina: las prisiones serán para seguridad y no para castigo. En poco más de dos meses, sucedería otra espectacular fuga de la prisión modelo argentina.

Y ahora fueron catorce. Ecos de la fuga de 1923

Tanto la primera fuga del anarquista Silveyra y su posterior extradición a Buenos Aires, como el atentado contra Wilckens poco tiempo después, mantuvieron la centralidad de la cuestión penal y penitenciaria entre los medios masivos de prensa. Entre los círculos más letrados, la sanción del Código Penal también implicó un tópico importante para las discusiones y reflexiones en torno a su aplicación frente a una gran presión de la prensa con respecto al tratamiento de la inseguridad.

En este contexto, el 21 de agosto, catorce penados se escaparán por un túnel subterráneo que comenzaba en el taller de escobería del pabellón III de la PN. A través del conducto, los penados descendieron tres metros y atravesaron otros cuarenta casi en línea recta hasta encontrarse con la verja que separaba el límite de concreto del penal con la calle Juncal. Luego de saltar las rejas se lanzaron a correr a través de las calles aledañas con cierto sigilo: en algunas partes se menciona que un centinela dio una alerta inmediata, en otras que su fúsil no funcionaba, e incluso se sostuvo que el arma de fuego estaba sin carga.

Adentro de la penitenciaría, los planes habían funcionado de manera completamente cronometrada. Un grupo de penados había comenzado un enfrentamiento justo a la hora en que finalizaban las horas de instrucción básica y una gran cantidad de la población del pabellón se trasladaba a sus celdas. Apenas pasadas las 18 horas el conflicto permitió focalizar la atención de la vigilancia del pasillo en un punto conciso, lo que facilitó al grupo de escapistas movilizarse hacia el taller de escobería y huir rápidamente por el boquete realizado en el respectivo baño.

Figura 1

La Razón, 24/8/1923.

A unos pocos metros de este sector se apilaban con cierta discreción entre cien y doscientas bolsas de tierra extraída, contenidas en sacos de materiales pero también en ropas, fundas de almohadas y prendas de vestir burdamente cosidas entre sí (La Época, 24/8/1923, p.4). Completaban el escenario algunas herramientas como cuchillos, pequeñas palas, ganchos, tijeras, navajas, varas de acero y una linterna eléctrica. Algunos diarios incluso afirmaron la existencia de un mechero a grasa y un “aparato para producir oxígeno”. Del otro lado, una pequeña ventana que daba a los jardines del penal se hallaba obstruida con pintura y barro, con la única finalidad de vigilar qué sucedía fuera del taller y adelantarse frente a la posible llegada de algún guardia. Una plancha de hierro cubierta con concreto y con un tornillo en el centro que hacía las veces de manija ocultaba la entrada del túnel. Al haber quedado descubierta esta tapa luego del escape, un grupo más grande intentó probar suerte, pero la situación ya estaba controlada del otro lado. El incidente de Hans Wulff también favoreció a que la cantidad de fugados no se haya incrementado: el alemán había intentado introducirse con los pies hacia adelante, decisión que le impidió deslizarse con facilidad los extensos metros del foso. Su desafortunada decisión detuvo la salida de un grupo mayor de penados, la cual le valió el apodo de “cangrejo” o “tapón” en los años que le quedarían dentro de la PN. Bromearían luego un grupo de fugados recapturados ya que según ellos “…merecía un indulto, si no fuese por él la evasión hubiera sido realmente sensacional” (La Nación, 8/9/1923, p.3).

La cantidad de horas de trabajo y las dimensiones del proyecto permitieron, tanto a investigadores como a periodistas, inclinarse hacia la sospecha de una complicidad con el personal de la PN. Algunos de los testimonios posteriores de los recapturados confirman que demandó aproximadamente dos meses, aunque estas voces no pueden considerarse del todo fidedignas ya que muchas veces confirmaron datos del relato oficial que se sabían falsos. Sin embargo, ese mismo día se efectuó un sumario y comenzaron las ruedas de interrogatorios, especialmente a Roger Carcedo y a José Herrero, celador del pabellón III y jefe de la sección de escobería respectivamente. Este último se encontraba más comprometido, ya que conservaba la única llave del cuarto de herramientas donde se había realizado el túnel subterráneo.

Al amanecer arribó a la PN el ministro de Justicia e Instrucción Pública, el jefe de Policía y el juez Jantus. Recibidos por Ramos, se acercaron al taller y examinaron algunos de los detalles del hecho. La Policía de la Capital recorrió días y noches varios lugares clave: hospedajes, comercios, “cuevas” portuarias y basurales. Pese a la colaboración de la Policía de la Provincia no hubo resultados inmediatos debido también a la fuerte tormenta (conocida popularmente como “Santa Rosa”) que azotó a Buenos Aires durante varios días causando grandes inundaciones que impidieron el acceso a los sectores alejados del centro. Para esas horas gran parte del país conocía a los fugados de frente y de perfil, como también sus antecedentes. Marcos Vallejo había sido condenado a penitenciaría por tiempo indeterminado por la Justicia de San Luis. Domingo Rodríguez había sido condenado a veinticinco años de presidio por homicidio, como Diego Gabriel Real. José Fontela (apodado El japonés) cumplía una condena de dos años por robo. Francisco Facundo Sassone –conocido también como Facundo Primitivo– cumplía una década de penitenciaría por heridas graves. Antonio Punturo Picayo permanecería diecisiete años y medio por homicidio. Dos años menos sumaría Juan Senesi (conocido como El pibe). Alberto Martínez por robo y lesiones (también llamado el pibe, pero más conocido como El tuerto René) debía a la Justicia cuatro años y medio, Luis Videla Contreras o Chichinlo, permanecería dieciocho años de pena penitenciaria. Héctor Georgetti y Francisco Capellota habían sido condenados por robo a seis y cuatro años respectivamente. La misma cantidad de años se le adjudicaron a Eduardo El Ñato Gallardón. Pese a los variopintos prontuarios y penas presentadas, el más conocido era Silveyra que, recordemos, cumplía una pena de veinte años y nuevamente volvía a las primeras planas de la prensa porteña y nacional.

Figura 2

La Nación, 26/8/1923.

Los días posteriores a la fuga fueron bastante desagradables para la población de la PN. Por un lado, la presencia de funcionarios, policías y periodistas afectó el desarrollo normal de las tareas ejecutadas en los talleres y espacios comunes que no solo formaban parte del régimen penitenciario, sino que también oficiaban como actividades de esparcimiento. Por otro lado, y vinculado a esto último, debido a las averiguaciones tanto internas como externas se declaró el aislamiento en las celdas durante varias jornadas, cuestión que afectó el funcionamiento del sistema del penal.

Como medida de prevención, el director actual de la cárcel, dispuso que los presos estuviesen recluidos en sus celdas, incomunicando a algunos. Así, en la cárcel, se oían de mañana gritos destemplados y alaridos lúgubres, que proferían los penados desde sus celdas: eran por demás impresionantes los alaridos de los cautivos y notamos a muchos de los presos encaramados en las ventanas que dan a los patios interiores. Desde allí, hacían señas y gestos que denotaban una explicable curiosidad. En el pabellón 3, los presos, al ver pasar la comitiva, preguntaban anhelantes desde el cuadradito de sus celdas: ¿Los han agarrado? ¿Cuántos se fueron? (La Época, 26/8/1923, p. 3).

Algunos medios de prensa buscaron una compleja sensación de empatía o comprensión con respecto a los fugados. Desde ya, el más importante en este orden fue Silveyra:

Silveyra se ha ungido a sí mismo. Es todo un señor de la aventura, como aquellos bandoleros románticos y aquellos poetas ladrones, que en la edad medieval ambularon por Francia, este personaje novelesco, se ha exaltado en la imaginación. El ansia de libertad que fermentaba en su espíritu, tuvo un final inesperadamente feliz (La Argentina, 25/8/1923, p. 2).

El clima en la PN continuaba tenso: transcurridos cuatro varios días del escape, solo habían vuelto a los talleres los penados que trabajaban en panadería e imprenta. El resto permanecía en sus celdas, incomunicados durante todo el día (La Época, 27/8/1923, p. 6). Algunos medios de prensa planteaban una empatía con los fugados:

…un grupo de hombres que después de una labor ruda y silenciosa de varios meses consigue huir de la prisión, no provoca la indignación de sus semejantes, ni merece el castigo de las leyes. Despojemos a los más sombríos criminales del instinto de la libertad y los habremos convertido en bestias despreciables indignas hasta de vivir en el ambiente de las cárceles (La Argentina, 26/8/1923, p.8).

El complejo panorama continuó durante algo más de una semana: mientras las interpretaciones periodísticas pivoteaban entre un sentimiento de animosidad contra el funcionamiento de las prisiones y los peligros de un anarquista suelto en la ciudad, los avances en las recapturas de los fugados tuvieron éxito recién el 26 de agosto, cuando es capturado Georgetti en un estado prácticamente de desnutrición. El fugado había estado caminando durante días desde Palermo hasta Morón, dónde fue hallado durmiendo en una plaza de aquel municipio (La Época, 27/8/1923, p.5). Declaró que se encontraba en compañía de un “linyera” y otro muchacho vagabundo que había escapado de su casa, pero mentía: ese joven era El japonés Fontela, a quien atraparon en Dock Sud el 1 de septiembre donde había huido, quizás, luego de enterarse de la captura de su compañero. La Policía dio con Fontela en una humilde vivienda que permaneció inaccesible varios días por las inundaciones producidas a partir de las fuertes precipitaciones y la cercanía al arroyo Maciel. Como Georgetti, declaró a la prensa que no formaba parte de la planificación de la fuga ni había participado de la excavación: solo se había sumado al haber visto una oportunidad para la libertad anticipada.

En las siguientes semanas continuarían las recapturas que satisfarían las ansiedades de funcionarios, policías y periodistas. Punturo y Sasone aparecerían al poco tiempo. Alberto Martínez (a quién la prensa consensuó implícitamente en llamar El tuerto René) fue aprehendido en el domicilio de otro delincuente, en el barrio de Belgrano. Subsistió a través de pequeños robos: había escapado de la PN con una suma importante de dinero a partir de una colecta que sus compañeros más próximos le habían facilitado luego de enterarse que sería trasladado a Tierra del Fuego. René fue uno de los mejores entrevistados: tenía una gran experiencia en el mundo delictivo –al fugarse registraba trece entradas a prisión y veintidós contravenciones– y una gran predisposición a conversar sobre lo sucedido. Quizá como estrategia o como parte de algún acuerdo, sostuvo en su declaración que no hubo colaboración del personal penitenciario en la fuga, que el ingeniero que dirigió la excavación aún permanecía en el penal y que Silveyra no había formado parte del proyecto inicial. El anarquista tomó contacto con el túnel, pero decidió fugarse individualmente debido a que las excavaciones apenas habían comenzado y temía un inminente traslado a Ushuaia.

Las declaraciones del tuerto René tuvieron dos consecuencias. En cuanto al funcionamiento institucional, la Justicia decidió desvincular a los empleados de la PN comprometidos con la fuga (La Nación, 14/9/1923, p. 6). Por otro lado, sus palabras de alguna manera impactaron en la prensa como una suerte de desmitificación: el testimonio evaporó el halo de misterio que rodeaba al caso en un momento en que imperaba mostrar un funcionamiento de la penitenciaría más normalizado. En este sentido, el “poco entusiasmo” del periodismo del momento fue una contraparte natural de la característica búsqueda de la primicia constante y los tiempos acelerados de los medios: opinaba La Razón que

…la evasión de los catorce temibles delincuentes, que desde un principio impresionó al público, lleva trazas de no ofrecer ningún atractivo para los aficionados a la cinematografía. En lo sucesivo, vamos a tener que inventar ladrones y criminales dignos de la importancia del país, como los que se usan en algunas ciudades de Estados Unidos. Los nuestros, que realizaron recientemente la proeza de fugar de la cárcel por un subterráneo, apenas si inspiran compasión (La Razón, 1/9/1923, p. 4).

Decisiones institucionales en torno a la fuga de 1923

La reconstrucción de la fuga de la PN nos permite evidenciar algunas consecuencias directas con respecto a la gestión del penal. Estas tienen que ver con la decisión de concluir la intervención del Ministerio de Justicia a través de Ramos y la puesta en práctica de mecanismos institucionales en torno a reorganizar la disciplina en el establecimiento. También es importante reconsiderar cómo algunas de las decisiones tomadas en la gestión de la PN impactaron en cierta medida en un gran número de prisiones a nivel nacional.

En medio de la búsqueda de los catorce fugados presentaron su renuncia formal el director Nicolás Menéndez y el vicedirector Aníbal Villamayor,¹¹ quedando la gestión principal a cargo del interventor de Ramos. La gestión de Menéndez había encontrado algunas tensiones previas. En una entrevista brindada al diario La Razón sostenía que “…carece de todo fundamento el rumor, propalado por quienes desconocen mi temperamento y el culto que hago de mi dignidad personal.” En el mismo documento, el director recordó:

Yo he ofrecido mi renuncia al señor presidente en dos oportunidades. La primera cuando el doctor Alvear asumió el mando, por razones de orden. (…) Después –con oportunidad de haber pedido la exoneración de algunos empleados que había cometido incorrecciones y actos delictuosos, según estaba perfectamente comprobado en el sumario administrativo– le expresé al señor presidente que deseaba saber, para mi tranquilidad espiritual, si contaba con la confianza en el gobierno, contestándome afirmativamente (La Razón, 27/8/1923, p. 3).

Algunas de aquellas incorrecciones denunciadas habían sido sintetizadas por un periodista del diario Crítica a fines de 1922, donde se sumariaban los temas sobre el cual el recientemente electo presidente Alvear aguardaba explicaciones: “a) desfalco en cueros; b) substracción del prontuario y testimonio del ex penado Santiago Vierno y destrucción de documentos públicos; c) informe de la dirección con motivo de la designación para una misma vacante de subalcaide de dos empleados; d) suspensión por veinte días del subalcaide don Bartolomé Pereyra; e) retención indebida de propiedad de los reclusos” (Crítica, 28/11/1922, p. 3). Pocas semanas más tarde, parte del personal de la PN comenzaría a distanciarse paulatinamente tomando licencias en otros sectores públicos mientras, para la prensa, la intervención del penal resultaba imperativa:

No existe la menor disciplina entre los presos. Estos trabajan cuando quieren y destruyen, si pueden, las formas con las que debía imprimirse la revista de criminología; reciben toda clase de visitas; viven acompañados en sus celdas; juegan entre ellos y con algunas de las autoridades del penal; se otorgan mutuamente menciones de buena conducta que la dirección acata y son provistos abundantemente de bebidas alcohólicas. En cuanto a otra clase de vicios, basta saber que todos, sin excepción alguna, tienen allí ancho campo y libertad completa para su desarrollo (El Diario, 1/9/1923, p. 8).

Aunque podrían resultar algo exagerados los citados planteos, la situación en la PN era vox populi.¹² La huelga de hambre que tuvo lugar en mayo de aquel año evidenció no solo la problemática disciplinar, sino también la incertidumbre de muchos presos con respecto a las modificaciones introducidas por la reforma penal que tendían a alargar el tiempo de reclusión a personas que ya habían cumplido sus penas efectivas, un tópico recurrente en la sección “Nuestros Presos” del diario anarquista La Protesta.

La intervención de Ramos se orientó, como mencionamos más arriba, a realizar un informe cuidado sobre la situación del penal y tomar las decisiones “que considere oportunas a partir del 27 de abril de 1923” (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1924, p. 125-126). Entre ellas, se encontró la de otorgar un mayor control sobre el peculio de los penados, y una supervisión constante sobre los presupuestos de la PN por parte de la Inspección General de Justicia: la malversación del peculio de los penados había sido uno de los tópicos más contundentes de las denuncias contra la dirección del penal.

Al concluir la intervención de la PN la dirección recayó en Eusebio Gómez, con una formación similar a Ramos. Era profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal de la UBA, y si bien no tenía una trayectoria al mando de instituciones públicas como Ramos, había formado parte de los primeros miembros del Instituto de Criminología que lo respaldó en algunas de sus primeras publicaciones –“Estudios Penitenciarios”, de 1906; “La mala vida en Buenos Aires” (1908) y “Criminología Argentina” (1912)– y en la organización del primer Congreso Penitenciario Nacional (1912).

La gestión de Gómez se caracterizó por un fuerte impulso a la tríada del penitenciarismo moderno: instrucción, disciplina y trabajo. Como parte de esta dogmática, se incorporaron algunas líneas de intervención aplicadas a la PN que en algunos casos influenciaron los diferentes compromisos por la reforma penitenciaria en otras instituciones penales. Una de las más recordadas fue la incorporación del traje a rayas, que incluso ya en aquellos años era interpretado como una prenda deshumanizante con respecto al castigo (Pratt, 2006). El objetivo que perseguía era distinguir de una manera mucho más evidente al interno, que hasta la fuga de 1923 vestía con un traje de paño azul oscuro confeccionado en dos piezas.

Las denuncias recibidas durante los periodos anteriores intentaron ser subsanadas con la puesta en funciones de una Escuela de Celadores y Guardianes, ya que en palabras de Gómez “…el personal de guardianes con que contaba no respondía a las exigencias del servicio, por falta de idoneidad unas veces y por falta de moralidad y corrección de sus procederes, otras” (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1924, p. 329). Aquel primer informe presentado al Ministerio de Justicia planteaba algunas de las bases sobre las cuales se definió la reorganización de la PN luego de las denuncias realizadas a la gestión de Menéndez y las fugas de marzo y agosto de 1923.

Al año siguiente se conforma la Comisión de Superintendencia de Cárceles y Establecimientos Nacionales, que tenía como función consolidar en un organismo concreto las atribuciones que la Inspección General de Justicia había comenzado a gestionar a partir de abril de 1923. La Comisión tendría entre sus funciones mantener comunicación directa con los mencionados establecimientos penales y correccionales y hacer conocer al Ministerio las necesidades de los mismos; estudiar y aconsejar las reformas que convenga introducir en el régimen penal y administrativo de los establecimientos penales; fijar normas claras y precisas de disciplina carcelaria, uniformando en la medida que lo permitan las condiciones de tiempo y de lugar, los regímenes actuales; velar por la obligación del cumplimiento de trabajo impuesta a los recluidos, adoptando las medidas del caso para que no se desvirtúe el propósito moralizador que con él se persigue; controlar la adquisición y suministro de víveres y útiles para las cárceles y reformatorios; ocuparse del estudio y dictamen de las reparaciones, construcciones y obras nuevas a efectuarse en los locales carcelarios; organizar la estadística respectiva de cada establecimiento y elevar anualmente al Ministerio una memoria sobre la labor realizada (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1925, p. 121). Los miembros que integraron esta Comisión fueron Eduardo Laurencena (jefe de Inspección General de Justicia), Eusebio Gómez, Clotario Teuly (director de la Cárcel de Encausados), Juan José O’Connor (inspector de Justicia) y Luis Peluffo (jefe de la Dirección Administrativa del Ministerio de Justicia). Entre sus primeras disposiciones, se encontró una respuesta (al menos temporal) con respecto a los lugares de cumplimiento de pena que el Código Penal planteaba de una manera problemática con respecto a la anterior ley vigente. En este sentido, el Ministerio de Justicia habilitó al director de la PN a decidir qué penados podían permanecer en el establecimiento “siempre y cuando se observe una conducta concordante con las exigencias del sistema reformatorio implantado en la misma”. Aquellos que no cumplieran con estos criterios, así como también los penados a reclusión perpetua o por tiempo indeterminado, serían trasladados a Tierra del Fuego, sea cual sea su pena –siempre y cuando no tengan enfermedades que las condiciones climáticas australes agraven (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1925, p. 127)–. También, en cuanto a la Cárcel de Encausados, la Comisión tomó fuertes decisiones removiendo al director vigente debido a fuertes irregularidades (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1925, p. 174). Similar suerte corrió la Colonia de Menores de Marcos Paz. Ese mismo año se sancionó el Reglamento de la Cárcel de Encausados que sería aplicado con las adaptaciones sugeridas por la Comisión que supervisaría de cerca todas las cuestiones vinculadas a contralor y presupuesto.

La conformación de la Escuela de Celadores y Guardianes se incorporó también en esta línea de propuestas en torno a proyectar la instrucción y el disciplinamiento a toda la población de la PN, ya sean recluidos o trabajadores. Una cuarta parte de la matrícula estaría abierta a personas externas que aspiren a la formación penitenciaría y tendría preferencia en los reclutamientos de personal (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1925, pp. 132-134).

En síntesis, la atención recibida a la situación en la PN influenció de manera activa en las políticas penitenciarias emprendidas por el Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia, desarrolló mecanismos de supervisión y posterior intervención de las prisiones de Buenos Aires y los territorios nacionales en momentos previos a la centralización de las decisiones penitenciarias a través de la Dirección General de Institutos Penales instrumentada a partir de la ley 11.833 (González, 2020). Las investigaciones y procesos desarrollados por la Comisión de Superintendencia de Cárceles motivaron a que sean intervenidas, además de la PN, la Cárcel de Santa Rosa (1923), la Cárcel de Tierra del Fuego (1923), la Colonia de Marcos Paz (1923), Instituto Tutelar de Menores de la Capital (1923), Cárcel de Posadas (1924), Cárcel de General Acha (1924), Cárcel de Santa Rosa (1924), Cárcel de Viedma (1924) y Resistencia (1927).

A modo de conclusión

El contexto en el cual la fuga de 1923 tuvo lugar remarcó el cuestionable funcionamiento no solo de la PN sino de otras instituciones de Buenos Aires. En este sentido, el desarrollo de este trabajo pretendió echar luz sobre la complejidad de la coyuntura sociopolítica de aquel entonces, marcada por el cambio de gobierno nacional pero también por elementos más arraigados como la presencia anarquista en las prisiones y la compleja interpretación de la prensa del primer cuarto del siglo XX.

Si bien las fugas –de Silveyra, primero, y de “los catorce”, después– se trataron de sucesos que a simple vista pueden considerarse excepcionales, en una mirada mucho más compleja y detenida evidencian la problemática gestión de la PN al comienzo de los años 1920. Consideramos que, aunque a menudo las coberturas realizadas por el periodismo resultaron ser contradictorias con respecto a los hechos (muchas veces motivadas por la persecución de la primicia y el suceso espectacular), la prensa fue un actor que registró de manera etnográfica los escapes de la principal prisión del estado argentino. Resulta también evidente que, pese a los cuestionamientos emergidos desde hacía varios años, la PN continuaba ocupando el lugar central en el diseño de políticas públicas penitenciarias. Aunque paradójica, aquella representación logró existir varias décadas más: las fugas se sumaron al corpus de excepcionalidades que definían la naturaleza de PN, que fue interpretada de manera efectiva para los ciclos posteriores por parte del Ministerio de Justicia y varias de las direcciones asignadas.

A lo largo de este artículo intentamos demostrar que las insurrecciones en las prisiones son una evidencia concreta de un funcionamiento irregular: siguiendo a Sykes (2017), podemos interpretar a las instituciones penales en ciclos de orden/desorden, que forman parte de la dinámica propia de las instituciones de castigo. La fuga de 1923 es un ejemplo que claramente puede referenciarse como un ciclo de desorden; pero también uno de los múltiples puntos que evidencian las dificultades con las que la PN se encontraba en el siglo XX: un edificio proyectado para las afueras funcionando en el corazón de una ciudad metropolitana, un régimen propuesto para abrigar el silencio diario coexistiendo con una demanda residencial creciente en sus alrededores inmediatos, una población penada planteada inicialmente para regenerarse a través del trabajo, conviviendo a pocos metros con el horizonte de expectativas que el entramado urbano abrigaba.

Fuentes

Ecos del doloroso suceso ocurrido frente al local del Sindicato de Panaderos. La Argentina, 21/6/1923.

En la Prisión Nacional ocurrió en la madrugada de ayer un grave suceso. La Argentina, 17/6/1923.

Ecos del sangriento suceso ocurrido la madrugada del sábado en la Prisión Nacional. La Argentina, 18/6/1923

El juez ordenó algunas libertades. La Nación, 14/9/1923.

Ayer a última hora se produjo la evasión de 14 penados de la Penitenciaría Nacional. La Época, 21/8/1923

Sobre la extradición del anarquista Silveyra. Los obreros amenazan con la huelga general en caso de ser concedido por las autoridades uruguayas. La Argentina, 2/4/1923

La extradición de Ramón Silveyra es acordada por las autoridades judiciales de Montevideo. La Argentina, 7/6/1923.

La protesta obrera en ambas márgenes del Plata por la extradición de Ramón Silveyra. La Argentina, 8/6/1923.

De vuelta al penal. La Nación, 8/9/1923.

Ecos de la audaz evasión realizada en la Penitenciaría Nacional. La Argentina, 25/8/1923.

Del subdirector de la Penitenciaría. La Nación, 26/8/1923.

Cargos contra el director de la Penitenciaría Nacional: el coronel Menéndez en la Presidencia. Crítica, 28/11/1922.

Un sensacional descubrimiento. Hay que higienizar la Penitenciaría. El Diario, 1/11/1923.

Intervención del Poder Ejecutivo en la Penitenciaría Nacional. El Diario, 28/4/1923.

Cárceles y Establecimientos de Corrección Nacionales –se crea una Comisión de Superintendencia). En: Ministerio De Justicia e Instrucción Pública (1925) Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación. Año 1924. Tomo 1. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.

Establecimientos en que deben cumplir sus condenas los penados – modificación del decreto de 29 de noviembre de 1922). En: Ministerio De Justicia e Instrucción Pública (1925) Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación. Año 1924. Tomo 1. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.

Cárcel de encausados. Resolución con motivo de la Investigación practicada. En: Ministerio De Justicia e Instrucción Pública (1925) Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación. Año 1924. Tomo 1. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.

Creación de la Escuela de Celadores y Guardianes en la Penitenciaría Nacional En: Ministerio De Justicia e Instrucción Pública (1925) Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación. Año 1924. Tomo 1. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.

Referencias

Caimari, L. (2004). Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en Buenos Aires, 1880-1940. Buenos Aires: Siglo XXI.

Calandria, S. y González, E. (2017). Antonio Ballvé (1867-1909). Una aproximación biográfica. En A. Ballvé (Ed.), La Penitenciaría Nacional de Buenos Aires (pp. 13-41). Córdoba: Buena Vista.

Canavessi, J. J. y Olaeta, H. (2020). Apuntes para un estudio histórico del personal penitenciario en la República Argentina: la creación del Cuerpo de Guardia de Cárceles (1911). Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 73, 833-860.

Corzo Gómez, J. (1965). La constitución nacional y las cárceles. AJORP.

Creazzo, G. (2007). El positivismo criminológico italiano en la Argentina. Buenos Aires: Ediar.

Del Olmo, R. (1981). América Latina y su criminología. Buenos Aires: Siglo XXI.

Del Olmo, R. (1992). Criminología Argentina: apuntes para su reconstrucción histórica. Ediciones De Palma.

Escales, V. (2019). ¡Arroja la bomba!: Salvadora Medina Onrubia y el feminismo anarco. Buenos Aires: Marea.

Ferrero Lombroso, G. (1908). Nell'America meridionale: (Brasile-Uruguay-Argentina): note e impressioni (1st ed.). Fratelli Treves Editori.

García Basalo, A. (2017). Arquitectura carcelaria en Buenos Aires: la Cárcel Correccional de San Telmo en el siglo XIX. Revista de Historia de Las Prisiones, 5, 45-74.

García Basalo, A. y Mithieux, M. (2017). Para Seguridad y no para castigo. Origen y Evolución de la arquitectura penitenciaria provincial argentina (1853-1922). Instituto de Investigaciones Históricas Leoni Pinto.

García Basalo, J. C. (1957). Ballvé, penitenciarista. Revista Penal y Penitenciaria, 20.

García Basalo, J. C. (1965). La situación carcelaria de la provincia de Santa Fe en 1877. Universidad Nacional del Litoral.

García Basalo, J. C. (1977). Estado Penal y Penitenciario del país durante la presidencia de Avellaneda. Separata Del Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional.

García Basalo, J. C. (1979). Historia de la penitenciaría de Buenos Aires (1869-1880). Ed. Servicio Penitenciario Federal.

González Alvo, L. (2017). Sobre la reedición de las obras de Antonio Ballvé: La Penitenciaría Nacional de Buenos Aires (1907) y Regímenes Penitenciarios (1908). En A. Ballvé (Ed.), La Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Córdoba: Buena Vista.

González, E. (2017). Circulación de saberes penales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El caso de la Revista Penal Argentina. En M. Carrasco y N. Luxardo (Eds.), El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica (pp. 25-41). San Martín: UNSAM Edita.

González, E. (2018). El trabajo de los penados argentinos alrededor del mundo. Eusebio Gómez en el IX Congreso Penitenciario Internacional (Londres, 1925). Revista de Historia de Las Prisiones, 7, 28-48.

González, E. (2020). La Penitenciaría Nacional bajo la dirección de Eusebio Gómez (1923-1928). En J. Núñez y P. Vacani (Eds.), El castigo en la conformación de los saberes penales y penitenciarios. Racionalidades, instituciones y tratos punitivos en la Argentina. Buenos Aires: Editores del Sur.

González, E. y Núñez, J. (2020). Argentina's Participation in the International Penal and Penitentiary Congress (1872-1950). GLOSSAE. European Journal of Legal History, 17, 83-118.

Marteau, J. F. (2003). Las palabras del orden: proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina (Buenos Aires, 1880-1930) (1. ed.). Buenos Aires: Editores Del Puerto.

Núñez, J. y González Alvo, L. (2014). Los viajes de estudio de Adolfo S. Carranza y la reforma penitenciaria en Tucumán (1911-1927). Revista de Historia Del Derecho, 48, 121-141.

Paz Anchorena, J. M. (1936). Origen y desarrollo de los Congresos Penitenciarios Internacionales. Boletín del Patronato de Recluidas y Liberadas, 3(9), 3–30.

Paz Anchorena, J. M. (1938). Plan de traslado de la Penitenciaría Nacional y construcción de dos colonias penales. Revista Penal y Penitenciaria, 3(9), 313-376.

Pratt, J. (2006). Castigo y civilización: una lectura crítica sobre las prisiones y los regímenes carcelarios (1. ed.). Barcelona: Gedisa.

Ruibal, B. (1993). Ideología del control social: Buenos Aires 1880-1920. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Ruiz Díaz, M. (2014). La cárcel en la ciudad: Planificación y degradación territorial. Buenos Aires 1877-1927. Anales del IAA, 44(2), 147-160.

Ruiz Díaz, M. (2016). Europa y América. Guglielmo Ferrero y Gina Lombroso en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires (1907). Anales Del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", 46(1).

Ruiz Díaz, M. (2016). Los lugares de la cárcel. Aproximaciones desde la historia de los espacios y el territorio. Buenos Aires 1877-1927. Revista de Historia de las Prisiones, 3, 131-149

Salessi, J. (2000). Médicos maleantes y maricas: higiene, criminología y homosexualidad en la construcción de la nación argentina (Buenos Aires, 1871-1914). Rosario: Beatriz Viterbo Editora.

Sansone, L. (2020). Hiperbólicos italianos: as viagens dos integrantes da Escola Positiva de Antropologia da Itália pela América meridional, 1907-1910. História, Ciencias, Saúde – Manguinhos, 27(1), 265-274.

Scarzanella, E. (2015). Ni gringos ni indios: inmigración, criminalidad y racismo en la Argentina, 1890-1940. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Sykes, G. (2017) La sociedad de los cautivos: estudio de una prisión de máxima seguridad. Buenos Aires: Siglo XXI.

Notas

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional